Castro ve "colaboración silenciosa" de la Infanta con los delitos de su marido

El juez José Castro ha decidido, tras cuatro años de investigación, que la infanta Cristina debe ser juzgada por presuntos delitos fiscales y blanqueo junto a su marido, Iñaki Urdangarin, a quien responsabiliza de la creación de una trama corrupta para aprovechar su vinculación con la Familia Real.

En el auto con el que ha cerradola instrucción, de 167 páginas, Castro apunta que hay "sobrados indicios" de que la infanta participó de las actividades de su esposo "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera" él, mediante "la colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados" en la empresa familiar Aizoon.

Según el juez, dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añade el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

El magistrado considera que Urdangarin, con el respaldo de su socio Diego Torres, creó un entramado empresarial en torno al Instituto Nóos para "rentabilizar económicamente" su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta.

En el auto se atribuyen al duque de Palma 25 presuntos delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad en documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.

A partir de varios informes de Hacienda, Castro sostiene que Urdangarin defraudó 182.005 euros en 2007 y 155.138 en 2008 en sus declaraciones de IRPF. Estos supuestos delitos se atribuyen también a la infanta porque se llevaron a cabo a través de Aizoon, la empresa que compartía la pareja al 50 %.

El juez imputa a la duquesa de Palma blanqueo de capitales porque cree probado que gastó dinero procedente de actividades delictivas de su marido a sabiendas de su origen.

Castro no se pronuncia sobre si la infanta actúo por "confianza, veneración o amor" a su marido, pero le reprocha que en su declaración del pasado 8 de febrero argumentara en reiteradas ocasiones su "desconocimiento", una postura que imposibilita al magistrado para "desvalorizar los indicios incriminatorios" y sobreseer su imputación.

En total, el juez plantea que deben ser juzgadas 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento público, estafa, delitos contra Hacienda, falsificación y blanqueo.

Junto a Urdangarin, la infanta Cristina y Diego Torres siguen imputados su mujer Ana María Tejeiro y los hermanos de esta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro.

Castro también propone juzgar al expresidente del Govern balear Jaume Matas; al ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester; a los exdirectores del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y la Fundación Illesport Gonzalo Bernal y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet.

En la rama valenciana de la investigación continúan imputados el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, y la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado.

También se mantiene la imputación de la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

El juez Castro archiva la causa para el secretario de las infantas, Carlos García Revenga; el apoderado de Urdangarin, Mario Sorribas; uno de los cuñados de Torres, Luis Tejeiro; el presunto testaferro Robert Cocks; el asesor fiscal Salvador Trinxet y el empresario Miguel Zorío.

También queda sobreseída la causa respecto al ex director general de la fundación Madrid 2016 Miguel de la Villa y el ex director financiero de la entidad Gerardo Corral, y respecto al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

Tras hacerse público el auto de pase a procedimiento abreviado, la Casa del Rey ha expresado su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".

El fiscal Anticorrupción responsable del caso, Pedro Horrach, ha anunciado ya que presentará un recurso contra la decisión de Castro, ya que entiende que "la infanta ha sido imputada por ser quien es" y que no hay elementos incriminatorios contra ella.

También ha adelantado que recurrirá el abogado de la hermana del Rey Miquel Roca, que se ha mostrado confiado en que la Audiencia de Palma "restablecerá la situación".

El juez ha dado cinco días a las partes para presentar recursos, que tendrá que resolver la audiencia provincial, y veinte para que las acusaciones planteen sus escritos de acusación.