Roca paga al Ayuntamiento de Marbella 1,7 millones de euros por el caso Saqueo

El cerebro del caso Malaya fue condenado a seis años por un desvío de 26,7 millones.

El exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, a través de su administrador judicial ha abonado al Ayuntamiento de Marbella un millón setecientos mil euros en concepto de responsabilidad civil por el caso Saqueo 1.


Este dinero ha sido entregado al consistorio marbellí por la empresa que gestiona el patrimonio del exasesor, Idea Asesores, por medio de dos cheques bancarios, uno de 203.751 euros y otro de 1.496.249 euros , según la documentación.


Es la segunda vez que el Ayuntamiento recibe dinero de Roca, ya que con anterioridad ya entregó 600.000 euros también por los perjuicios causados al consistorio en su etapa como asesor urbanístico en Marbella.


Hace unos meses, Roca acordó pagar al Ayuntamiento de Marbella 8,1 millones de euros, responsabilidad civil a la que fue condenado en el caso Saqueo 1 y a la que la Audiencia Provincial de Málaga dio el visto bueno.


Para ello, el tribunal acordó por medio de una resolución judicial realizar las gestiones de venta que fuesen necesarias para ejecutar provisionalmente la responsabilidad civil "millonaria" a la que fue condenado Roca y donde es beneficiario el consistorio marbellí.


Roca fue condenado a seis años por la Audiencia Nacional por el caso Saqueo 1, conocido también como "caso de las facturas falsas", por un desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.


La resolución fue adoptada por la Sala por el "acuerdo unánime" de todas las partes, Roca -actualmente en prisión-, Fiscalía y Ayuntamiento, y ha "atendido a la realidad de encontrarnos ante una administración pública que aparece como víctima de un delito".

Además, los magistrados, que fueron los encargados de juzgar el caso Malaya, entendieron en la resolución judicial que Marbella debía ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente.


La instrucción de esta causa se inició en el 2006 y la administración judicial se ha hecho cargo durante años de la gestión de los fondos intervenidos en un complejo entramado societario de apariencia delictiva.


En febrero del 2014, Roca se ofreció al pago y reconoció, expresamente, la facultad de la administración judicial de que vendiera parte de su parte de su patrimonio atendiendo a la fijación de precios competitivos.


El tribunal de Malaya mantiene que ningún perjuicio material se produce con la venta de parte del patrimonio de Roca que el fiscal fijó en su día, superior a los 200.000 millones de euros.