El Gobierno dará "voz y voto" a las CC.AA. para tramitar la planta judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que las comunidades autónomas tendrán "voz y voto", aunque no tengan transferidas las competencias de Justicia, en la tramitación de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial.

El ministro se ha mostrado dispuesto, además, a negociar con el PSOE para abordar "cualquier condicionante" de la ley de demarcación y planta que tenga que ser informado por las comunidades autónomas.

En su intervención en el II Ciclo de Justicia organizado por el diario 'El Norte de Castilla' con motivo de los veinticinco años que cumple el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Alberto Ruiz-Gallardón ha afirmado que la Ley de Demarcación y Planta Judicial se tramitará una vez finalizada la correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora en fase de anteproyecto.

El ministro se ha referido así a la petición lanzada por el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien en su intervención en ese mismo foro ha abogado por una Justicia "ágil, de calidad, cercana y eficiente" como servicio público.

Consciente de que esa petición depende de un presupuesto "suficiente y estable", De Santiago-Juárez ha incidido en que la nueva ordenación de los servicios de justicia debe "tener en cuenta" la opinión de las comunidades autónomas "aun no habiendo asumido las competencias", como en el caso de Castilla y León.

El ministro de Justicia ha anunciado, en este sentido, que "subsistirán todas y cada una" de las sedes judiciales que actualmente existen en España, "sin excepción", y que "no se cerrará un juzgado de primera instancia en una capital de provincia", pero "tampoco en ningún partido judicial de España, sin excepción".

Ruiz-Gallardón ha insistido en que el modelo propuesto en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial "no suprime una sola sede judicial en España", sino que, "manteniéndolas todas en capital de provincia y en las cabezas de partido", introduce criterios de "flexibilidad" en cuanto al funcionamiento y competencias territoriales, lo que permitirá "agilizar" el sistema.

De la misma forma, los tribunales superiores de Justicia asumirán "algunas" competencias de apelación de las audiencias provinciales, que actuarán como órganos de segunda instancia, y se suprimirán los magistrados de estos tribunales designados por los parlamentos autonómicos.

Según ha referido el ministro de Justicia, los tribunales superiores de Justicia ahora son competentes para juzgar a aforados y diputados autonómicos o procuradores, como en el caso de Castilla y León, de modo que los justiciables podían elegir a quienes posteriormente podrían juzgarles, lo que es "una clara contaminación" entre el poder político y judicial.

Ruiz-Gallardón ha indicado que, en "muy pocas semanas", tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal remitirán sus informes preceptivos sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, momento a partir del cual el Gobierno iniciará la tramitación parlamentaria, que espera contar con el "mismo consenso" que reformas anteriores, como la del CGPJ.

El ministro de Justicia, que ha descartado modificar la Ley de Tasas, ha sido recibido por cerca de medio centenar de personas que han coreado frases como "Gallardón, dimisión", "Justicia universal", "No a la ley mordaza", "No más tasas" o "En mi cuerpo mando yo".