Errores en la ejecución de un dispositivo bien diseñado y planificado provocaron los sucesos del pasado sábado tras la manifestación de las 'Marchas de la Dignidad', que acabaron con 67 policías heridos después de que los radicales rodearan a un grupo de agentes, que no pudieron contar con refuerzos.

Policías consultados, entre ellos algunos antidisturbios que participaron en el dispositivo, han asegurado que éste estaba perfectamente planificado y, de hecho y ante la previsión de que la marcha fuera aprovechada por los radicales, se decidió que fueran 1.750 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) los que lo conformaran.

Así, el del 22M fue el mayor dispositivo desplegado en este tipo de convocatorias, pero un cúmulo de fallos en su ejecución determinó el resultado final.

Entre ellos, según las fuentes, la ubicación errónea que un agente infiltrado de Información dio del lugar donde se dirigían los radicales que después agredieron al subgrupo de las UIP (el paseo de Recoletos en las proximidades de la calle Génova, donde se ubica la sede del PP), por lo que agentes de otros grupos se movieron hacia un lugar equivocado.

Otro de los fallos fue la escasa información que los agentes especializados ofrecieron durante la marcha de la localización de los radicales, de sus movimientos y de cuándo podrían producirse los disturbios.

Además, las órdenes de los indicativos, como puede escucharse en las grabaciones de las comunicaciones, fueron que permanecieran "estáticos", es decir, que aguantaran sin cargar.

Por qué se adoptó esa decisión es algo para lo que las fuentes consultadas no tienen respuesta, aunque no creen que el motivo sea una directriz política relacionada con los sucesos del pasado 6 de febrero en Ceuta, cuando murieron 15 subsaharianos que intentaban alcanzar a nado la costa española.

La Guardia Civil disparó al mar pelotas de goma y ese lanzamiento provocó una polémica política, que trascendió a la Unión Europea y que ha llevado al Ministerio del Interior a prohibir su uso en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla salvo en casos extremos.

Tampoco creen que la orden de permanecer estáticos tuviera que ver con la presencia de varios observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Sea como fuere, los agentes que se encontraban en Recoletos fueron rodeados por los radicales, que les agredieron sin que llegaran refuerzos policiales a la zona.

Frente a algunas opiniones, las fuentes subrayan la intervención de los agentes de la Policía Municipal y descartan que su presencia contribuyera al caos. Es más, los policías locales fueron los primeros en llegar para auxiliar a los agredidos.

Por el contrario, la presencia de un camión de Bomberos, han añadido las fuentes, rompió la hegemonía del dispositivo y provocó el aislamiento de los policías, mientras los radicales aprovecharon la presencia de ese vehículo para parapetarse en él.

Los radicales, indican las fuentes consultadas, tenían la "orden clara" de no actuar hasta que no finalizara la protesta, en torno a las 21.00 horas, como hacen habitualmente.

Hasta la capital acudieron radicales de diversos puntos de España, aunque fuentes de la investigación insisten en que la mayoría de los que protagonizaron los disturbios más violentos eran de Madrid.

La Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada para aclarar qué falló en el dispositivo, mientras los sindicatos policiales han pedido la dimisión del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; del comisario jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de toda España, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y del máximo responsable de esta unidad en Madrid, Javier Virsea.

Se da la circunstancia de que en la dirección de algunos de los dispositivos que participaron ha habido cambios respecto a otras movilizaciones anteriores.