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Soberanía Catalana

El Gobierno "acata y respeta" la decisión del TC

El Ejecutivo quiere hacer una lectura más detallada para hacer una valoración más extensa del fallo.

Europa Press. Madrid Actualizada 25/03/2014 a las 21:09
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El Gobierno ha asegurado este martes que "acata y respeta" la decisión del Tribunal Constitucional tras conocer la sentencia sobre la declaración soberanista de Cataluña, han informado fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno saluda también que el Alto Tribunal haya tenido en cuenta los argumentos del Ejecutivo en su recurso, aunque quiere hacer una lectura detallada para hacer una valoración más extensa.

El alto tribunal ha asegurado en su resolución que Cataluña no puede convocar unilateralmente un referéndum para votar sobre su continuidad en España. La sentencia avala el derecho a decidir de Cataluña como una aspiración política, pero destaca que esto sólo puede hacer "dentro de los procedimientos de reforma de la Constitución".

La decisión de los doce magistrados del tribunal de garantías declara "inconstitucional y nulo" el principio primero que recoge la declaración soberanista, según el cual "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". Considera que este pronunciamiento vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por otra parte, el Tribunal declara constitucionales las referencias "al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña" ya que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional.

La ponente de la sentencia ha sido la vicepresidenta del órgano, Adelfa Asura. La resolución se ha dictado antes de que llegaran recusaciones que el Parlamento de Cataluña tenía previsto presentar contra tres de sus magistrados, entre ellos el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por falta de imparcialidad respecto de este asunto.








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