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Política

Los promotores del recurso contra la reforma local confían en el TC

Representantes de numerosas formaciones se han reunido en el Congreso para formalizar aspectos.

Efe. Madrid 23/03/2014 a las 06:00
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Los promotores de los partidos que impulsan un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la reforma local confían en que ese tribunal de garantías para recuperar la autonomía local y mejorar la prestación de los servicios públicos municipales.

Representantes de estas formaciones, prácticamente todas salvo el Partido Popular (PP), se han reunido en el Congreso de los Diputados para formalizar aspectos de ese recurso.

Es la primera vez que se moviliza un número tan elevado de ayuntamientos, ya que más de 2.000 han suscrito hasta ahora el recurso en contra de una ley del Gobierno.

La norma recurrida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, supone la privatización de los servicios públicos municipales, así como el desmantelamiento y desaparición de los servicios sociales locales, han dicho los representantes políticos.

Al acto han acudido, además de numerosos alcaldes, representantes del PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, CiU, UPyD, ERC, CC, BNG, COMPROMÍS, NC, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de Entidades Locales Menores).

El 31 de marzo termina el plazo para que el municipio de mayor tamaño, el Ayuntamiento de Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado, paso previo a la presentación del recurso.

Así se cumple el requisito que exige la Ley del TC de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los ayuntamientos del Estado, que, además, supongan un sexto de la población.

El número dos de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, ha señalado que es "imprescindible recurrir y ganar" este recurso, porque "parar esta ley y considerarla inconstitucional es fundamental" para la autonomía municipal y para los servicios sociales de millones de españoles.

No tiene "ninguna confianza" en que el Gobierno vaya a retirar la ley y sí en el Tribunal Constitucional, en que el recurso prospere porque tiene "una legitimación de ciudadanía enorme, como ningún otro recurso ha tenido en la historia democrática española".

El cabeza de lista a las elecciones europeas por IU, Willy Meyer, ha dicho que la reforma local es "un ataque más" para "poner en cuestión" la Constitución a través de una "política pactada" con Europa, que permite una "actuación antidemocrática de la troika sobre la base del austericidio".

Ha agregado que en la Constitución queda claro que el Estado lo componen tres administraciones -estatal, autonómica y local- y esta ley "lo que persigue es poner fin a la autonomía municipal" y va "indirectamente en contra del interés de la ciudadanía", porque un ataque a la autonomía municipal es "un ataque directo a la ciudadanía".

Desde IU temen que detrás de esta ley haya también "un recorte y un ataque a todos los trabajadores" de la administración local.

Miguel Gregorio Martínez, secretario general de la FEEM, ha insistido en que la reforma local supone "un ataque en toda regla" al medio rural, ya que "ha descargado de competencias" a estas 7.735 entidades menores, que están obligadas a presentar las cuentas antes del 31 de diciembre, ya que de lo contrario serán suprimidas en vez de sancionadas como el resto de municipios.

El portavoz de Compromis-EQUO, Joan Baldoví, ha valorado el acuerdo alcanzado entre la mayoría de las fuerzas políticas que, a pesar de sus diferencias, han sido capaces de "juntar voluntades" para parar una ley "absolutamente injusta", que aleja los servicios de los ciudadanos, "tiende a privatizarlos" y limita la autonomía local.

Carlos Delgado, presidente de la CAPI, cree que la reforma local supone uno de los "mayores atentados democráticos a la base misma de la democracia, que es la autonomía local", ya que con esta ley están "más desarmados" para dar respuestas a los problemas de los ciudadanos.

Nuria Marín, de la Ejecutiva del PSC y alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, ha destacado que el 90 % de los municipios catalanes, 855 consistorios, ha presentado recurso y ha confiado en que el TC suspenda la ley, porque "empeora los servicios".







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