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La Fiscalía acusa a Pedraz de extralimitarse por negarse a archivar el 'caso Couso'

Dice que el juez ha vulnerado "palmariamente" las normas de competencia funcional.

Otr/Press. Madrid Actualizada 19/03/2014 a las 14:55
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado que el juez Santiago Pedraz se ha extralimitado y ha vulnerado "palmariamente" las normas de competencia funcional al negarse a archivar el 'caso Couso' y cerrar la posibilidad de que las partes planteen una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma legal que limita la aplicación de la justicia universal, que "puede suponer una vulneración de derechos".

En un escrito remitido este miércoles al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el teniente fiscal, Jesús Alonso, asegura que la decisión de Pedraz de no archivar la causa en la que investiga la muerte en Irak del cámara José Couso constituye "una extralimitación" porque, al tratarse de un sumario, la competencia para decidir sobre el archivo o la continuación de las actuaciones corresponde a la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquicamente al juez instructor.

Pedraz se negó el pasado lunes a archivar el procedimiento al considerar que la limitación de la Justicia universal contravendría la Cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

"El auto dictado no sólo constituye una clara limitación extracompetencial sino que además cercena de plano cualquier posibilidad, tanto a la representación procesal de la víctima como al Ministerio Público, de promover e instar del tribunal competente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad", señala el fiscal en referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la aplicación del principio de justicia universal. 

En este sentido, el representante del Ministerio Público apunta que la modificación del artículo 23 de la LOPJ, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, "puede suponer una vulneración" de los derechos a la tutela judicial efectiva y acceso a la jurisdicción y del principio de la independencia judicial.

Esta reforma obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

"Nos encontramos ante una resolución que vulnera palmariamente las normas de competencia funcional y sustrae a su superior jerárquica, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el conocimiento de una cuestión para la que tiene asignada legalmente y de forma excluyente la competencia", señala el fiscal Alonso.

Tras recordar que en el trámite del sumario (establecido para investigaciones avanzadas por delitos con penas superiores a nueve años de cárcel) el juez de instrucción no puede acordar el "sobreseimiento o continuación" de las actuaciones, el fiscal pide al juez Pedraz que concluya de forma "urgente" el procedimiento y lo remita a la Sala de lo Penal para que decida sobre su archivo y permita a las partes "acudir a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad".

El pronunciamiento de la Fiscalía se ha producido el mismo día que el juez Fernando Andreu ha preguntado si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma o, por el contrario, archiva los procedimientos que sigue por el genocidio de Ruanda o el ataque contra un campo de refugiados en Irak. 

Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando grababa la entrada del Ejército de Estados Unidos en la capital iraquí. En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

En enero pasado, Pedraz envió un escrito al Ministerio de Justicia, a instancias de la Fiscalía, en el que denunciaba la "falta de colaboración de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América" para localizar a la sargento Adrienne Kinne, a la que quería tomar declaración como testigo.








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