El Gobierno aprobó en vísperas del debate del estado de la nación dos proyectos de ley de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática, a los que pretende sumar a los partidos de oposición que, sin embargo, mantienen su recelo con el Ejecutivo cuando se trata de hablar de medidas anticorrupción.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado a los representantes de todos los grupos parlamentarios el próximo miércoles en el Congreso para explicarles con más detalle esas dos reformas legislativas que pretenden reforzar el control de la financiación de los partidos y el ejercicio de los altos cargos.

En una carta que ha enviado a los grupos, Sáenz de Santamaría explica que desea escuchar sus sugerencias y propuestas para afrontar el problema de la corrupción, que ha sufrido un fuerte repunte en la lista de preocupaciones ciudadanas según el último barómetro del CIS.

Fuentes del Gobierno han explicado fe que están abiertos a una tramitación de los dos proyectos totalmente consensuada con los grupos, con comparecencias de expertos y sin prisas, con el modelo seguido con la aprobada Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

La cita se celebrará por la tarde en la zona de Gobierno del Congreso, apenas unas horas después de que en la sesión de control la portavoz de UPyD, Rosa Díez, pregunte al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por la evaluación que hace de sus planes para acabar con esta lacra.

En una carta remitida a la vicepresidenta, la propia Rosa Díez ya ha mostrado su sorpresa porque el Gobierno les convoque a una reunión para "contrastar opiniones y propuestas" cuando el Ejecutivo ya ha remitido al Congreso los dos proyectos de ley con los que pretende abordar el problema.

"Reuniones como las que convoca sólo tienen sentido si hay una verdadera voluntad de acometer medidas reales, audaces y efectivas para combatir la lacra de la corrupción política, más allá de declaraciones y cambios cosméticos que solo hace posponer el problema", añade.

También por carta, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha sugerido a la vicepresidenta que las medidas de luchar contra la corrupción se aborden en una subcomisión parlamentaria, y no sólo en una reunión para dar cuenta de dos proyectos aprobados ya por el Ejecutivo, y además de manera unilateral.

Algo más optimista se ha mostrado el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, que confía en que permita avanzar en la confección de medidas anticorrupción.

"A ver si a partir de esta iniciativa, que por primera vez trae el Gobierno y no un partido, podemos avanzar", ha dicho.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu ha avanzado que su partido escuchará al Gobierno "con la mejor de las voluntades" aunque ha advertido de que todo lo que ha hecho el Ejecutivo sobre corrupción ha sido "insuficiente" y tiene que seguir trabajando "con intensidad".

CiU irá a la reunión en una actitud "positiva" pero ha dudado de la eficacia de la "furia legislativa" del Gobierno en esta materia.

"Es mucho mejor compartir "criterios y espíritus que intentar legislarlo absolutamente todo", ha asegurado Pere Macías.

Más reticente, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ya ha advertido de que no llegará a ningún acuerdo con el Ejecutivo en materia de corrupción mientras no se "revise" el pasado y se permita la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de partidos: "la del PP y la de todos".

El pasado día 21 de febrero el Gobierno aprobó los dos proyectos nucleares de su plan de regeneración democrática: el primero trata de reforzar el control público de la financiación de los partidos políticos y el segundo regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración del Estado.

Los partidos estarán obligados a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.

Se prohíbe que los bancos condonen las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses, y los tesoreros estarán obligados a comparecer en el Parlamento para explicar la contabilidad de los partidos.

El segundo de los proyectos es la ley reguladora del ejercicio del cargo público, que entre sus novedades incluye que los condenados por delitos especialmente graves, como el terrorismo, no puedan ser ocupar cargos mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

Además, se regula el régimen retributivo y las indemnizaciones tras su cese y se refuerza el control y las limitaciones de los gastos de representación.