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Nueva Ley de Seguridad Privada

El Senado aprueba, con los votos de PP y CiU, la nueva ley de Seguridad Privada

Los partidos que vetaron la normativa consideran que busca favorecer al sector privado.

Europa Press. Madrid. 13/03/2014 a las 06:00
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Foto de archivo de Gallardón, junto al presidente del Gobierno en el Senado

El Pleno del Senado aprobó el miércoles la nueva Ley de Seguridad Privada que será remitida de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva gracias a los votos del PP y CiU. Populares' y nacionalistas catalanes han rechazado cinco vetos presentados por IU, ICV, PSC, ERC y PSOE, quienes consideran que esta normativa busca satisfacer a las empresas del sector privado en detrimento de la seguridad pública y las competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El senador socialista, Enrique Cascallana ha acusado directamente a los 'populares' de haber hecho una Ley "atendiendo a la demanda de las grandes empresas de Seguridad y no del interés general" y ha criticado que en el redactado de la norma no se aclaran las funciones que tendrán desde ahora los vigilantes privados y si podrán o no patrullar por calles peatonales comerciales.

"Ustedes adelgazan el Estado y nos llevan al principio que dice: 'quien quiera seguridad que se la pague'". En esa misma línea han girado la mayoría de los discursos de los grupos que se oponen a esta nueva Ley.

Por parte del PP, Santiago López Valdivielso ha replicado que "hay frases y aseveraciones que se han ido repitiendo y que nada tienen que ver con el propósito del proyecto de Ley". "No sé qué texto se han leído ustedes. Era necesaria una nueva normativa que mejorase y actualizase la legislación vigente", ha dicho Valdivielso.

Una de las novedades que contempla esta Ley es que los vigilantes puedan hacerse cargo de control del perímetro exterior de las cárceles. "Al estado le cuesta mucho formar a un guardia civil y resulta que luego le destinamos a un control de acceso a una cárcel a pedir un DNI lo cual también es frustrante para ese guardia civil", ha explicado el senador del PP, que fue director general de la Guardia Civil durante el Gobierno de José María Aznar.

El senador de CiU, Jordi Miquel Sendra, ha negado que su partido sea partícipe de "un complot para privatizar la seguridad pública junto al PP" y ha recordado que su formación presta apoyo al Gobierno de la Generalitat en Cataluña, "que está obligado a gestionar la seguridad pública en esa comunidad".

Por ello, según ha dicho, aunque la Ley no sea de su agrado su obligación es tratar de llegar a acuerdos para tratar de mejorarla. "Hemos llegado a acuerdos suficientes para haber mejorado la Ley y por eso vamos a votar en contra de los vetos presentados", ha zanjado.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha dicho que su partido no ha presentado ningún veto, pero ha advertido de que "ha estado apunto de hacerlo" y ha criticado que este es un "debate caduco, absurdo y mal planteado". Además, ha lamentado la ausencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "ni está ni se le espera". Finalmente ha anunciado la abstención ante los vetos planteados.

Entre los acuerdos alcanzados por el PP y CiU en este trámite parlamentario del Senado se encuentra el de haber modificado la redacción original de la Ley en uno de los artículos que generó más polémica entre los grupos de la oposición y que hace referencia a las competencias de los agentes de seguridad privada. De este modo, en la nueva redacción del artículo 41 de esta Ley se elimina que estos agentes puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.

El redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados establecía que los agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia en zonas comerciales peatonales".  En la actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sí, en el Congreso se establecía como requisito que tuviesen "autorización previa por parte del órgano competente" y que realizasen esa labor en coordinación con la Policía, la Guardia Civil o las policías autonómicas y locales.

No obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas catalanes, este supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales" ha sido eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de funciones previstas en el redactado original. De este modo, los agentes de seguridad privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".  

También con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.

El entendimiento entre el PP y CiU se vio en la tramitación de esta Ley en el Congreso donde el Gobierno y el PP accedieron a modificar en el trámite parlamentario varios artículos después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.

Así lo anunció en el Congreso de los Diputados el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarían "subsanados". En consecuencia, los nacionalistas retiraron su enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno.

Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña".








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