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Caso Gürtel

El juez Ruz cita a tres imputados como paso previo a cerrar el caso Gürtel

Correa, Crespo y "El Bigotes" declararán la próxima semana ante la petición de las fiscales del caso.

Efe. Madrid. Actualizada 11/03/2014 a las 17:29
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Foto de archivo. Rafael Correa

El juez Pablo Ruz ha llamado a declarar la semana que viene, entre el 19 y el 21 de marzo, a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, "El Bigotes", así como al considerado contable de la red José Luis Izquierdo, como paso previo a cerrar el caso Gürtel.

Ruz adopta esta decisión en un auto a petición de las fiscales del caso al entender que procede "nuevamente recibir declaración" a estos imputados, teniendo en cuenta que fueron interrogados "cuando la causa estaba aún secreta -en 2009- o antes de que se remitiera documentación" de comisiones rogatorias, informes policiales y de las unidades de auxilio judicial.

A Crespo, citado el 19 de marzo, Ruz también le quiere interrogar sobre si el acrónimo "PAC" que aparece en documentos de la trama se refiere al exsecretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, como perceptor de comisiones, ya que su abogado Miguel Durán ha afirmado que realmente se refiere a Francisco Correa.

La toma de declaración a los presuntos cabecillas de la trama se enmarca en las diligencias que está practicando el juez como paso previo al cierre de la causa en la que se investiga el caso Gürtel, han informado fuentes jurídicas.

Hasta el momento, según señala el auto, los hechos que la Fiscalía imputa a Correa, Crespo, Izquierdo y "El Bigotes" serían constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales, todos ellos de carácter continuado.

La Fiscalía relata en su dictamen, en el que se basa el juez para acordar estas diligencias, cómo Correa, desde 2000 hasta 2009, auxiliado por otros imputados y desde 2002 por Crespo, "habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas -bien para sus empresas bien para terceros- mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones".

Correa desarrolló su actividad en la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, así como en los municipios de Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, y en relación con entidades públicas como AENA "prevaliéndose para ello de la relación que le unía con algunos cargos públicos vinculados a esas entidades".

Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistían en dinero en efectivo o viajes organizados por Pasadena Viajes, y que eran sufragados por él o por los propios funcionarios de esas entidades "simulando pagos de servicios recibidos por parte de las sociedades" del grupo Correa con "facturas inveraces".

"En algún caso como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban generando un sobreprecio".

También hay indicios de que Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos percibidos por los cargos públicos, bien comprando los bienes con ellos adquiridos, bien encubriendo sus inversiones en sociedades participadas por funcionarios o bien, como hizo con el extesorero del PP Luis Bárcenas, constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos.

De Crespo, la Fiscalía refiere que sería "el encargado de la gestión diaria del entramado societario" de Correa, auxiliado por José Luis Izquierdo, que se ocuparía, básicamente, "de la gestión de la tesorería opaca del grupo y de la facturación irregular".

"El Bigotes", gerente de la empresa Orange Market, sin perjuicio de lo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, habría colaborado en los pagos a Bárcenas, el ex alcalde de Pozuelo y ex marido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y el ex diputado Jesús Merino.

En otro auto notificado este martes, el juez cita también como imputada por un delito de prevaricación para el 18 de marzo, día en el que estaba ya previsto que declare como imputado el hijo del extesorero de AP Ángel Sanchís, a Julia López Valladares, que trabajaba para el servicio de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en relación a las contrataciones públicas adjudicadas a empresas relacionadas con la trama.

Según el juez, la imputada daba supuestamente instrucciones a las empresas del grupo de Correa de cómo debían facturar para eludir la publicidad en la contratación pública y, en particular, sobre cómo facturar un mismo acto mediante varios contratos menores a diversas empresas de la Gürtel aparentemente independientes.







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