El Gobierno aparca la ley que modifica la planta judicial

Se anunció hace un par de años y, de momento, parece que dormirá el sueño de los justos. Se trata de la propuesta para modificar la Ley de Demarcación y Planta, vigente desde 1988, en la que trabajaba el Ministerio de Justicia. Al parecer, asuntos más urgentes de la cartera de Ruiz Gallardón habrían retrasado los trabajos legislativos en este aspecto.

Quizás sea por la polémica ley del aborto o por el no menos controvertido proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo cierto es que fuentes del departamento de Justicia del Gobierno de Aragón, dirigido por Roberto Bermúdez de Castro, han explicado que ya en la última sectorial del ramo, celebrada en diciembre de 2013, el Ministerio informó a las CC.AA. de que la tramitación de esta reforma "va para largo".

La propuesta de ley, elaborada por una Comisión Institucional, no afectaba tanto a Aragón como a otras comunidades. Esto se debe a que el artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que es competencia de la comunidad determinar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la capitalidad de estas.

A pesar de esta circunstancia, fueron muchos los sectores de la justicia aragonesa que hicieron patentes sus dudas sobre la reforma y su alcance.

A la situación no ayudó el hecho de que en mayo de 2012 un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la demarcación judicial proponía reducir de 16 a siete el número de los partidos judiciales en que está dividida la Comunidad mediante una agrupación de los juzgados. Todo ello para aumentar la eficacia.

Las Cortes de Aragón rechazaron este informe del órgano de gobierno de los jueces y dos de ellos acudieron a la comisión de estudio especial que se creó en el parlamento aragonés sobre el tema. Allí matizaron lo recogido en el documento porque había que tener en cuenta las peculiaridades de Aragón en cuanto a población y territorio.

El Ministerio de Justicia no ha anunciado oficialmente que haya dejado de trabajar en la Ley de Demarcación y Planta, por lo que se entiende que simplemente se han modificado los planes de trabajo. Tal y como quedaron las cosas el año pasado, se prevé que cuando el asunto se vuelva a retomar, el debate estará lejos de haberse enfriado.