UPyD quiere impedir que los alcaldes ocupen un escaño

La portavoz de UPyD en la Cámara baja, Rosa Díez, defenderá el martes una iniciativa contra la corrupción que, entre otras medidas, quiere impedir que el cargo de alcalde o concejal sea compatible con un escaño en el Congreso, el Senado o cualquier otra cámara parlamentaria.

También plantea que se excluya de las instituciones a los imputados en procesos de corrupción y que la presunción de inocencia no se utilice de modo "abusivo" de forma que se acabe convirtiendo en una "patente de corso" que permita a los imputados "enrocarse" en las instituciones.

Estas son algunas de las medidas que UPyD incluye en una proposición de ley cuyo objetivo es prevenir la corrupción política y que se debatirá justo una semana después de que su grupo votara en contra de la Ley de Transparencia al considerar que si bien mejoraba algunos aspectos para combatir la corrupción, era insuficiente.

En el texto de la proposición, Rosa Díez recuerda que la organización Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 15 de los países miembros de la UE en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2010.

Por tanto, cree que la corrupción se ha convertido en un "grave problema" para la democracia española y, a la vista de ello, resulta "indispensable y urgente" emprender un esfuerzo legislativo en la línea en la que UPyD propone.

Hay medidas relativas a aumentar la transparencia, como por ejemplo, que cualquier entidad o persona que reciba ayudas públicas dé cuenta públicamente de éstas y someta su actividad a una auditoría externa, aparte de establecer un registro público y obligatorio de todas las ayudas concedidas.

Otras disposiciones se centran en acabar con el "clientelismo" que se produce en las instituciones y que está asociado al "poder discrecional" de cargos y partidos y que UPyD considera que es algo "esencial" en la raíz de la corrupción.

En este contexto, apuesta por reducir al máximo el número de cargos de libre disposición o de confianza, especialmente en los puestos en los que se toman decisiones económicas, y recalca al respecto que la contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno "más vulnerable" a la corrupción.

Propone así que los cargos de confianza y asesores a sueldo se sustituyan por funcionarios de carrera o empleados públicos, cuyo futuro laboral no dependa "de su lealtad" a la fuerza política a la que están vinculados.

Erradicar la financiación ilegal de algunas instituciones públicas es otro de los frentes en los que persigue actuar la iniciativa de UPyD, que llama la atención sobre el hecho de que muchos ayuntamientos, afectados por dificultades económicas, han convertido la especulación en un recurso financiero "de primera magnitud".

Hay también varias medidas para evitar adjudicaciones fraudulentas en la contratación pública, entre las que destacan que ninguna empresa pueda ser adjudicataria de varios contratos menores (inferiores a los 15.000 euros) durante un mismo ejercicio cuya cuantía acumulada supere los 50.000 euros.

Profundizar en la independencia del Tribunal de Cuentas y "profesionalizar y despolitizar" el empleo público son otros de los objetivos que pretende UPyD en esta proposición.

De la misma manera, pide que se obligue a los partidos a hacer públicas sus cuentas anuales antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran y que se publiquen íntegramente en internet.