Caso Nóos

La defensa de Urdangarín pide trasladar a Valencia la instrucción del caso Nóos

Los motivos se basan en que el juez atribuye los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación y fraude al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Camps, junto a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá
Camps se queja por la financiación valenciana
EFE

La defensa de Iñaki Urdangarin ha solicitado el traslado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la instrucción de la pieza número 25 del caso Palma Arena, conocido como caso Nóos.


La representación legal del duque de Palma ha formulado esta petición en un escrito de alegaciones en el que se responde a la exposición razonada de hechos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.


En dicho escrito, uno de los principales imputados en la causa reclama que sea el TSJCV el que siga con la instrucción del caso y en su caso con el posterior juicio al atribuir el juez los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación y fraude al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados por ser diputados autonómicos.


En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006, y para elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que no llegaron a celebrarse.


También la Fiscalía Anticorrupción de la Comunitat Valenciana solicitó el pasado lunes al TSJCV que imputase a Camps y Barberá, ante posibles indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar las jornadas Valencia Summit.


En su escrito de respuesta a la exposición razonada del juez Castro, insiste en que la pieza número 25 no puede dividirse en dos causas, como postuló el Juzgado 3 de Mallorca, porque cabe la posibilidad de fallos contradictorios, al tiempo que considera que la conducta de los aforados no es escindible de la del resto de imputados.


En este mismo sentido se ha pronunciado la acusación particular del PSPV-PSOE, que entiende que es competencia del alto tribunal valenciano la instrucción y posterior enjuiciamiento de este caso, al haberse observado "indicios de responsabilidad penal suficientes" en la conducta de los aforados.


"Fueron quienes, en primera persona, cometieron, impulsaron e indujeron a la comisión de tales delitos, siendo los responsables máximos", según se indica en su escrito.


La Abogacía de la Generalitat ha evitado pronunciarse al respecto, limitándose a indicar que: "esta representación personada en la causa como actor civil entiende que no procede hacer pronunciamiento sobre cuestiones que afectan exclusivamente a la responsabilidad penal de posibles imputados".


Por el contrario, la defensa del empresario valenciano Miguel Zorío, imputado en la causa, se ha opuesto al traslado de la causa a Valencia al entender que los delitos atribuidos a Camps y Barberá carecen de evidencias probatorias.


"No es el cometido de esta representación atribuirse la defensa de los honorables aforados, pero del análisis de lo expuesto y de las razones y pruebas se hace difícil entender la participación de los mismos, ni siquiera la inducción a terceros en los hechos investigados", concluye.