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Tribunales

Condenados a dos años y nueve meses de prisión dos hijos de Ruiz-Mateos

El juez considera probado que la empresa administrada por Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos no pagó al fisco el IVA de la venta de un hotel.

Europa Press. Madrid Actualizada 03/09/2013 a las 12:23
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Dos de los hijos de Jose María Ruiz-Mateos hablan de la situación económica de la empresa familiarEFE. ÁNGEL DÍAZ

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros a dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice.

El magistrado les atribuye un delito contra la Hacienda Pública, por el que les impone pena de cárcel de un año y seis meses y la multa millonaria, y alzamiento de bienes, condenándolos a otro año y tres meses, además de una multa de 4.500 euros, según consta en la sentencia.

Según se considera probado, el 29 de septiembre de 1997 se constituyó la empresa Estofer Patrimonial S.L., siendo administrador único Antonio S.G., y ésta amplió su capital el 16 de marzo de 1998. Esa ampliación, según la escritura, fue suscrita por la entidad holandesa 'Tinto Amsterdam Investmens' y la española 'Sinume S.L', vinculada al grupo empresarial 'Nueva Rumasa' y administrada por los dos hijos ahora condenados de Ruiz-Mateos.

Entraron en la empresa aportando una propiedad, que estaba siendo explotada como un aparta-hotel en Peñíscola, y posteriormente Estofer adquirió otra finca ubicada junto a ella que albergaba un local comercial, concretamente el 23 de abril de 1999. Así, tras una serie de operaciones entre 1999 y 2002 que consistieron en distintas ventas de acciones, Estofer quedó en manos de la sociedad de Belice, Ramsie Services Corp.

Después, el 14 de febrero de 2003, Estofer vendió a la sociedad 'Hotel Tres Coronas' las dos fincas de las que disponía, y para llevar a cabo la operación se valió de una testaferro de nacionalidad ecuatoriana que no ha sido nunca ciudadana española y que se encuentra ilocalizable. El precio de la venta fue de 8,7 millones de euros, y además 'Hotel Tres Coronas' entregó a Estofer en concepto de IVA 1,39 millones, por lo que el precio total percibido fue de 10,1 millones.

Sin embargo, según advierte el juez Manuel Piñar, el pago del IVA devengado en la transmisión de los inmuebles "nunca" fue declarado al fisco, "toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial".

Además, desde el 14 al 28 de febrero de 2003 se produjo la "total despatrimonialización" de Estofer, que realizó transferencias económicas a la sociedad Ramsie, que en definitiva es la única titular de sus acciones y que posee sus cuentas corrientes en una entidad suiza, acogida al secreto bancario.

Estofer pasó así de un patrimonio de 7,5 millones a poco más de 3 euros, y la Agencia Tributaria tuvo que declarar como incobrable el crédito derivado del impago del IVA abonado por la compradora en la operación de venta.

Por ello, entiende el Juzgado de lo Penal que "resulta incuestionable que no se atendió el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas" y condena, además de a los Ruiz-Mateos, al administrador único de Estofer, al que le impone la misma pena. Asimismo, declara la nulidad del préstamo que permitió transferir de Estofer a Ramsie la cantidad de 6,4 millones de euros, y la de los negocios que permitieron transferir fondos desde la cuenta de Estofer a Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, al tiempo que las requiere, junto a Nueva Rumasa, para que restituyan los fondos transferidos.

En cuanto a los dos hijos de Ruiz-Mateos, que alegaron en el juicio que era su padre el que tomaba todas las decisiones de las empresas relacionadas con 'Nueva Rumasa', el juez señala que "resulta nada creíble que dos personas con poder decisiorio" en unas entidades vinculadas unas a otras "permanezcan inactivos ante la despatrimonialización o transferencia de activos".

Contra la sentencia cabe la interposición de recurso ante la Audiencia Provincial de Granada.







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