España replica al Peñón que el lanzamiento de hormigón se hizo "sin control" y destruyendo el caladero

El Gobierno ha contestado al informe elaborado por las autoridades de Gibraltar y distribuido por la Embajada británica en España en el que defienden el lanzamiento de hormigón en la Bahía de Algeciras argumentando que esto se ha llevado a cabo "sin ningún control, autorización ni estudio ambiental previo" y que ha causado la "destrucción del caladero de pesca".

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha recordado que, como consta en la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente elevada a la Comisión Europea para su estudio, el vertido de hormigón se ha producido a 200 metros de una Zona de Especial Conservación de acuerdo a la normativa comunitaria sin evaluar los efectos sobre los valores ambientales de la zona.

De esta forma, España ha respondido a Gibraltar negando que, como sostiene la colonia, el lanzamiento de 70 bloques de hormigón responda a motivos medioambientales o de protección de los recursos pesqueros. "Se ha hecho sin ningún control, autorización ni estudio ambiental", ha argumentado el Ministerio, "y ha causado la destrucción del caladero de pesca, una pesca que era legal, y nunca de arrastre, frente a lo que afirma Gibraltar".

La colonia británica aseguraba en su informe que el proyecto respeta la normativa de la UE y alegó que España había creado más de 100 arrecifes similares. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reconocido que España tiene "una larga tradición" en la creación de arrecifes artificiales, pero niega que éste haya sido el objetivo de Gibraltar.

"Antes debe analizarse dónde se crea, qué especies y hábitats existen en la zona, cómo llevarlo a cabo, así como ponderar los efectos ambientales. En el caso del vertido de Gibraltar nada de eso se ha hecho", denuncia. Según España, "con los argumentos que utiliza Gibraltar, se podría hundir cualquier cosa en cualquier lugar del mar y considerarlo arrecife artificial". "No es así, desde luego, como se crean estos arrecifes en España", apostilla.

Critica la falta de rigor científico 

El Ministerio que dirige Miguel Ángel Arias Cañete critica el vertido llevado a cabo "en aguas españolas" por la colonia británica al entender que no ha respetado la Ley de Costas ni la del medio marino, además de la normativa de pesca y sectorial de aplicación.

España critica también que los argumentos gibraltareños "carecen del menor rigor científico" al sostener, por ejemplo, que los bloques pueden proporcionar lugares de refugio para las especies pesqueras, aunque considera "muy dudoso" que las utilicen como zonas de desove al no formar parte del hábitat natural de esa zona.

Censura asimismo que se perjudique a la pesca artesanal y que se impida el uso sostenible de los recursos marinos, así como que la zona en la que se ha llevado a cabo el vertido no encaje en ninguno de los dos tipos de arrecife. "Se trata de un fondo arenoso de entre 4 y 6 metros de profundidad, donde el único recurso pesquero es un banco marisquero. Se descarta por tanto que se trate de un arrecife con fines de protección", dice la nota.

En este sentido, también "descarta" que se trata de un arrecife de producción, "ya que el único hábitat posible a regenerar (fondo arenoso banco marisqueo) se destruye precisamente por verter bloques".

Sin precedentes en Europa 

El Ministerio de Medio Ambiente continúa aludiendo a la reducción de la columna de agua para la navegación hasta 1,5 metros, "luego se obstaculiza completamente la navegación, y se alteran las condiciones hidrográficas". "No consta que en Europa se haya instalado nunca un arrecife a esta profundidad tan escasa".

Citando el propio informe de Gibraltar, alega que es "falso" afirmaciones como que "el fondo marino es de composición arenosa y no existe ningún hábitat o especie protegida". "El hábitat '1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (Bancales sublitorales)' sí es un hábitat del Anexo 1 de la Directiva hábitats", subraya.

Es falso, concluye la argumentación española, que "la zona no constituye ni una ruta de transporte marítimo, ni una zona de exclusión militar, ni una zona de recreo", ya que, defiende el Ministerio, "por la zona circulan numerosas embarcaciones de todo tipo".