El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo De Benito, ha afirmado que los controles que España hace en la verja de Gibraltar son "proporcionados", "no discriminatorios" y "responden a la normativa de la Unión Europea".

De Benito ha hecho estas declaraciones después de que la Comisión Europea (CE) haya reconocido el derecho de España a controlar su frontera con Gibraltar, un territorio que no pertenece al espacio Schengen, pero ha recordado que esos controles "deben ser proporcionados".

"Los controles son proporcionados a la gravedad de la situación que se produce algunas veces en la verja", ha asegurado De Benito.

Ha insistido además en que "no son discriminatorios" y que son "aleatorios", a la vez que responden a la normativa de la UE.

El secretario de Estado también ha señalado que el Gobierno tiene la misma "preocupación" que ha expresado el primer ministro británico, David Cameron, por la situación en la frontera y que inquieta la "política de hechos consumados" de Gibraltar.

Ha lamentado en este sentido que, ante el ofrecimiento reiterado que ha hecho España durante el último año y medio para cooperar en algunos temas, no haya habido avances en los asuntos relacionados con la pesca y la preservación del medio ambiente.

De Benito ha explicado que el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar -concretamente en la zona en la que faenan pescadores de La Línea de la Concepción y Algeciras- ha roto "una línea" en la que trabajaban ambos países hace más de un año.

La propuesta de España y del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha sido siempre abordar los temas que afectan a Gibraltar en dos niveles distintos: la soberanía entre el Reino Unido y España, mientras que en temas de cooperación podrían sumarse el Peñón y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Ha explicado que esta era la línea en la que se trabajaba mientras se han producido "una serie de incidencias", como las medidas por parte del peñón de Gibraltar por las que los pesqueros españoles no podían faenar como lo hacían tradicionalmente.

De Benito ha apuntado que se estaba tratando de llegar a un acuerdo y que existía una "promesa" de las autoridades de Gibraltar desde el verano de 2012 para dictar una normativa que respetara esas prácticas tradicionales de los pescadores.

"Ha ido pasando el tiempo y no se ha visto esa nueva regulación ni ningún progreso en esos temas", ha añadido.

La segunda incidencia producida ha sido relativa a la necesidad de cooperar en materia de protección medioambiental al establecerse dos zonas de especial conservación, una más pequeña correspondiente al Peñón y otra mayor que corresponde a España.

De Benito se ha referido a la necesidad de cooperar en este sentido ya que ambas zonas se "sobreponen".

El reciente vertido de bloques de hormigón en aguas españolas afecta y perjudica a ambos temas, la pesca y la conservación del medio ambiente, ha señalado.

"Es nuestra responsabilidad proteger los intereses de los ciudadanos y sobre todo de aquellos que están en el Campo de Gibraltar, afectados por esta situación", ha matizado.

Por ello, el Gobierno está estudiando una serie de medidas que persiguen "tratar de preservar los intereses de la población del Campo de Gibraltar y, principalmente, de los pescadores".

Algunas ya están adoptadas, como la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el vertido de hormigón, otra por actividades de "bunkering" -suministro de combustible desde barcos en la bahía de Algeciras- e impedir la entrada en Gibraltar de algunos camiones cargados con material de construcción, ha agregado.

"Estamos dispuestos a seguir hablando y colaborando con el Reino Unido y eventualmente con Gibraltar y con el Campo de Gibraltar", ha asegurado, antes de explicar que el resto de las medidas -un plan de lucha contra el fraude fiscal y una tasa de congestión de 50 euros a los vehículos que atraviesan La Línea- están en estudio aún.

Ha subrayado que los controles que España realiza en la verja no va contra ningún tipo de medida sino que van encaminados a impedir el tráfico ilícito, el contrabando y la evasión de impuestos.