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Fraude

Juzgada una letrada por vender ofertas de trabajo falsas a inmigrantes

Los hechos afectan a una treintena de inmigrantes que pagaron entre 1.500 y 2.000 euros a los acusados, por ofertas de empleo en varias ciudades, entre ellas Zaragoza.

Efe. Bilbao Actualizada 04/06/2013 a las 17:06
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La abogada bilbaína M.C.F.G., juzgada este martes bajo la acusación de vender ofertas de trabajo falsas a inmigrantes, ha asegurado que los afectados "sabían que compraban una oferta de trabajo, no un contrato" y que ella creía que la oferta era real.

Este martes ha comenzado en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia el juicio contra esta letrada y contra el asesor E.G.R., ambos acusados de la venta de dichas ofertas que, posteriormente , permitirían a los inmigrantes acceder a la regularización de su situación administrativa en España.

Estas dos personas ya están condenadas por hechos semejantes y en este momento se encuentran en prisión preventiva por otra actuación judicial abierta por delitos también similares.

En el mismo juicio también está acusado el exnovio de la letrada, quien, presuntamente, participó en la venta de una de estas ofertas.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre marzo de 2007 y febrero de 2009 y afectan a cerca de una treintena de inmigrantes, la mayoría de origen latinoamericano, que pagaron entre 1.500 y 2.000 euros a los acusados, por ofertas de empleo en Burgos, Palencia, Cantabria y Zaragoza.

Según ha relatado la letrada durante la vista oral, ella trataba con inmigrantes que estaban ya en España y que querían traer a sus familiares que se encontraban en sus respectivos países de origen.

Ha asegurado que estas personas "sabían a priori que no iban a trabajar y que compraban una oferta de trabajo. Se ofrecían a pagar para que sus familiares pudieran trasladarse a España", ha mantenido.

La labor de la abogada, según su propia versión, consistía en asesorales jurídicamente y por ello cobraba 50 euros por consulta y entre 300 y 700 euros en concepto de honorarios.

El resto del dinero ingresado en su cuenta bancaria hasta los 2.000 euros por persona, los entregaba al otro acusado, E.G.R., que era quien presentaba la oferta de empleo ante la Subdelegación del Gobierno.

Ha asegurado que ella "creía" que las ofertas eran "reales" y que el otro acusado nunca le informó al respecto.

E.G.R., por su parte, ha afirmado que las ofertas "podían ser reales" porque en muchas ocasiones se realizaban ante la "probabilidad" de que surgiera un trabajo y ha asegurado que su labor consistía únicamente en "supervisar y asesorar", por lo que cobraba 350 euros por cada caso.

Ha mantenido que algunos "ofrecían" más dinero para conseguir que sus familiares vinieran a España, pero que nunca les cobró, y ha negado que les asegurara que la oferta de trabajo se iba a concretar en un contrato laboral ni que la administración iba autorizar su entrada en el país.

Durante la sesión de este martes también ha declarado como testigo el integrante del Cuerpo Nacional de Policía que instruyó el atestado policial, quien ha relatado que el empleador que figuraba en las ofertas o no existía o eran empresas que desconocían que se estaban utilizando sus datos.

Por estos hechos, el fiscal solicita para la abogada seis años de prisión y una multa de doce meses; para el otro acusado, cinco años de prisión y una multa de diez meses, y para el exnovio, dos años y dos meses.

El Colegio de Abogados de Bizkaia, que actúa como acusación en este caso, pide las mismas penas, pero añade cuatro años de inhabilitación para la letrada por deslealtad profesional.

También es parte acusatoria la organización no gubernamental SOS Racismo, quien, además de las mismas penas anteriores, solicita cuatro años de inhabilitación para la abogada por perjuicio al cliente en la relación profesional.







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