El Gobierno retira la amenaza de que Hacienda pueda sancionar a CC. AA. y municipios

El Gobierno ha accedido a retocar el capítulo de 'buen gobierno' que se incluye el proyecto de Ley de Transparencia y ha dado garantías a CiU y PNV de que finalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no podrá sancionar a alcaldes o responsables autonómicos y que esas penalizaciones las impondrán las administraciones correspondientes, respetando el actual marco competencial. 

Tanto CiU y como el PNV habían presentado sendas enmiendas a la totalidad, aunque con el mismo contenido, al proyecto de ley del Gobierno que contempla la incoación de expedientes sancionadores por parte de Hacienda, a la que se facultaba incluso para destituir al máximo responsable de un ayuntamiento.

En las conversaciones con el Gobierno que han mantenido ambos grupos en los últimos días, los nacionalistas han logrado arrancar el compromiso de que se respeten las competencias locales y autonómicas y finalmente han optado por retirar sus enmiendas de totalidad, tal y como han anunciado durante del debate que ha tenido lugar en el Pleno del Congreso.

Importa que se sancione, no tanto quién

En su primera intervención en defensa del proyecto de ley, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a apuntar que al Ejecutivo "le preocupa" que se "sancionen" y "persigan" los incumplimientos de las normas de 'buen gobierno', pero "no tanto quien lo haga".

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

A renglón seguido, ha explicado que la autoridad fiscal independiente y otros organismos de fiscalización pueden ayudar en esta tarea, ya que "su independencia" permite "poner en conocimiento de cada administración" la vulneración de las normas de buen gobierno para que incoen el procedimiento e impongan la correspondiente sanción.

Ya después del debate, en conversación informal con periodistas, la también ministra de la Presidencia ha avanzado que esa autoridad fiscal independiente velará por el cumplimiento de la norma y podrá poner en conocimiento de cada administración las posibles vulneraciones en materia de 'buen gobierno'.

A partir de ahí, según ha explicado también en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, la administración concernida incoará, en su caso, el expediente sancionador e impondrá el castigo oportuno, si lo ve pertinente.

Esteban se ha congratulado de que su negociación con el Ejecutivo haya servido para superar las "dificultades insalvables" que apreciaban en el proyecto de ley respeto a la "absolutamente ilegal injerencia" por parte de Hacienda.

"Buen rollo"

Una vez que se ha acordado retocar ese punto, Esteban ha subrayado que hay "margen para el acuerdo" con el Gobierno, pero ha supeditado su voto final en la aprobación de la ley a cómo evolucione el diálogo con los 'populares'. "Merece la pena seguir avanzando en la tramitación, confiando en que vamos a poder llegar a un consenso", ha dicho, aunque ha reclamado que se revisen también otros puntos como la tipificación de las infracciones porque, a su juicio, algunas "caen en el buenismo".

Previamente, durante el debate en el hemiciclo, el ponente del PNV, Emilio Olabarria, también se había felicitado del resultado de la negociación con el Gobierno y había agradecido la disposición tanto de la vicepresidenta como del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Olabarria escenificó expresamente el "buen rollo" de su grupo con Sáenz de Santamaría recalcando que "nunca" les ha "fallado" y siempre ha cumplido sus compromisos. "Nos fiamos de su palabra", enfatizó.

Por su parte, Jordi Jané, justificó desde la tribuna la retirada de su enmienda de totalidad en la necesidad de que la ley se haga realidad y en la confianza en que el diálogo ofrecido por el Ejecutivo dará buenos frutos.

Sanciones desproporcionadas

Tras dejar claro que su grupo no iba a aceptar que se legislara "vulnerando competencias autonómicas y locales", ha agradeciendo a la vicepresidenta su voluntad de perfilar una alternativa al modelo sancionador en materia de buen gobierno. En su opinión, las sanciones deben corresponder al Gobierno central si quien incurre en infracción es un órgano o funcionario de la Administración General del Estado, mientras que tendría que imponer la comunidad correspondiente si el infractor es un cargo autonómico.

También ha censurado por desproporcionadas algunas sanciones --como la destitución de un alcalde-- y ha pedido, como el PNV, que desaparezca a la alusión a las retribuciones de determinados cargos, y que incluya una regulación de los grupos de influencia.

Por último, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, no había presentado enmienda de totalidad, pero hizo suyos los argumentos de CiU y PNV en lo relativo al buen gobierno y finalmente se abstuvo en la votación por considerar que la ley debe estar aprobada cuanto antes. También agradeció disposición al diálogo del Ejecutivo y su decisión de cambiar la Agencia de Transparencia por un consejo, pero insistió en que hay que rebajar los límites al acceso a la información que incluye el proyecto.