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Caso Bárcenas

Comienzan los interrogatorios a los constructores imputados por donaciones al PP

El empresario García Pozuelo (Hispánica), también imputado en el caso Gürtel, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Agencias. Madrid Actualizada 27/05/2013 a las 17:31
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Los papeles de Bárcenas destaparon la supuesta contabilidad B del PPAGENCIAS

El empresario Alfonso García Pozuelo se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre sus supuestas donaciones al PP, tras lo que una de las acusaciones ha pedido una vista de medidas cautelares para reclamar su ingreso en prisión, que ha rechazado el juez.

Según han informado fuentes jurídicas, García Pozuelo se ha negado a declarar como imputado en la pieza del caso Gürtel sobre los llamados 'papeles de Bárcenas', donde se reflejan pagos al PP del expropietario de Constructora Hispánica por 150.000 euros en varias partidas los años 2000, 2003, 2004 y 2006.

El abogado del empresario, Javier Iglesias, ha remarcado durante la comparecencia que García Pozuelo ha colaborado en ocasiones anteriores con la justicia declarando en la pieza principal del caso Gürtel, en la que también está imputado.

Después de negarse a contestar a las preguntas del juez, una de las acusaciones populares, la Asociación Libre de Abogados, ha pedido al juez que se celebrara una vistilla de medidas cautelares, en la que pensaba reclamar su prisión, petición a la que se ha sumado otra de las acusaciones, la ejercida por el PSPV.

La acusación ha reclamado la vista porque los delitos a los que se enfrenta el empresario suman más de dos años de prisión, afectan a la economía nacional y existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El abogado de ALA, Antonio Segura, ha explicado que el fiscal se ha opuesto a la celebración de la vista y que el juez ha rechazado hacerlo porque no era el cauce procesal adecuado, y ha indicado que se pronunciaría al respecto en una resolución posterior.

García Pozuelo ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las dos y media de la tarde, estaba citado para las cuatro, y a las puertas del tribunal se congregaba una veintena de personas para protestar contra la corrupción.

Los manifestantes portaban carteles firmados por Ecologistas en Acción con frases como "Constructores corruptores", "Políticos del PP, SOBREcogedores" y "Gobierno dimisión".

Después de García Pozuelo, están citados esta tarde el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez.

Según los papeles manuscritos atribuidos a Luis Bárcenas y publicados por El País, Villar Mir donó 530.000 euros al PP en 2004, 2006 y 2008 y Sánchez Domínguez 1 millón de euros de 2003 a 2008.

Estas citaciones responden a la querella presentada por Izquierda Unida en la Audiencia Nacional en la que pedía que se investigara a los directivos de las empresas que, según los papeles de Bárcenas publicados, hicieron pagos al PP entre 2003 y 2008.


Un total de ocho interrogatorios

Este martes será el turno para José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; Manuel Contreras Caro, presidente del Grupo Azvi; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; y Juan Manuel Fernández Rubio, exconsejero de Aldesa.

El miércoles será el turno de Antonio Vilella, responsable de Construcciones Rubau, y Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia y supuesto número dos de Francisco Correa en la trama 'Gürtel'.

12.000 millones en contratos

Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B de Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política, según constaba en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez Ruz.

Este informe detalla la existencia de "19 donantes identificados", entre los que se encuentran los nueve imputados. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones que en 21 ocasiones fueron superiores al límite legal de 60.000 euros contemplado hasta 2007 por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF apreciaba "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".

Además de los anteriores, la UDEF identificaba como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).

OHL, a la cabeza de los contratos

El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio. El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones.

Los 'papeles de Bárcenas' atribuyen a Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones 'populares' le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.

Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.

Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.

Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros, según la supuesta contabilidad B.

El Grupo Empresarial Sando recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.

El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).

Donaciona fraccionadas

El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.

Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior". La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indicaba el informe policial.







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