El código civil no exige este cuestionario
Deniegan la nacionalidad a un inmigrante por no saber el nombre de la mujer de Zapatero
La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de un vendedor ambulante senegalés que vio rechazada su solicitud por no demostrar su integración en la sociedad.
Lleva una década en España y le han denegado la nacionalidad española. Magou Ndoye, senegalés que vive en Almería y trabaja como vendedor ambulante, cometió el error de no conocer el nombre de la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta pregunta, cuya respuesta muchos españoles desconocen, parece que fue la que le costó a este inmigrante la nacionalidad española.
Le fue denegada el pasado 28 de enero en el Registro Civil de Almería «al no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española». Asegura que le hicieron un cuestionario y que se rechazó su solicitud porque no supo contestar cuando le preguntaron el nombre de la esposa de Zapatero, por aquel entonces presidente del Gobierno. Ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su recurso.
«Es una barbaridad lo que han hecho con este hombre. Este procedimiento no es habitual. El código civil no exige este cuestionario, por lo que estaríamos hablando de que se ha cometido una ilegalidad», explicó su abogado Marcelo Quílez que desveló que también fue cuestionado por los colores de la bandera española y por el nombre del Rey, entre otras cosas. «Afortunadamente la Audiencia Nacional nos ha escuchado y ahora tenemos buenas perspectivas», añadió el letrado, especializado en defender las causas de inmigrantes senegaleses en Almería.
Magou Ndoye sobrevive en la capital almeriense dedicado a la venta ambulante y tuvo que pagar 568 euros para poder presentar el recurso ante las altas instancias judiciales, restando esta cantidad de los ahorros que tenía para poder enviar a su familia y viajar a Senegal.
Según manifestó su abogado, «por suerte la procuradora de Madrid rebajó sus emolumentos y yo no le cobro, pero ha tenido que pagar las tasas judiciales de 400 euros. No sé si ha habido más casos pero está claro que los profesionales de la Justicia estamos indignados por estas tasas que se cobran y que están impidiendo que muchos ciudadanos se decidan a pleitear por falta de recursos».
