El Gobierno, abierto a aceptar enmiendas "razonables" en la reforma local

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo está abierto al diálogo y a la aceptación de enmiendas y aportaciones a la reforma local, que es un proyecto, ha dicho, "muy difícil y complejo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta se ha referido con esa disposición a las propuestas de las distintas administraciones para la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

El Consejo de Ministros tramitó el informe de esta reforma el pasado 15 de febrero y lo remitió al Consejo de Estado, según ha recordado Sáenz de Santamaría, que también ha explicado que esta reforma será tratada en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Ya en ese momento, ha proseguido la también ministra de Presidencia, el Gobierno mostró su disposición al diálogo y la aceptación de enmiendas que le resulten "razonables", además de los pactos parlamentarios durante la futura tramitación en las Cortes.

La vicepresidenta ha declarado que el Gobierno está dispuesto a escuchar los planteamientos de las corporaciones locales, especialmente a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a fin de "fortalecer y mejorar" este proyecto.

El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha avanzado que las alegaciones de esta entidad al anteproyecto de reforma local se centran en clarificar competencias, entre ellas sanidad y educación, y "en la defensa a ultranza de los pequeños municipios".

Sáenz de Santamaría ha destacado que la futura ley supone un "cambio de filosofía en el ámbito local", por lo que van "a escuchar mucho" a los que "están directamente implicados y afectados", tanto a nivel competencial como en lo relativo a la financiación, que es el "reverso de la medalla".

El proyecto de la reforma local supondrá un ahorro de 7.129 millones de euros y servirá para clarificar las competencias locales, además de eliminar las llamadas "impropias", que son aquellas que prestan los ayuntamiento perteneciendo la titularidad a otra administración.

Además, este proyecto dejará sin sueldo al 82 % de los concejales y limitará el sueldo de los alcaldes y de los empleados municipales.