La Fiscalía de París pidió este lunes penas de 20 años de cárcel para Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe, 'Ata' y Aitzol Iriondo Yarza, considerados exjefes del aparato militar de ETA, así como para Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz.

El fiscal del Tribunal de lo Criminal de París Jean-François Ricard reclamó que dos tercios de esas penas sean de cumplimiento efectivo en prisión para los cuatro por su nivel de implicación en el secuestro, en agosto de 2007, de una familia guipuzcoana en el suroeste de Francia para robarle su vehículo con el fin de cometer con él un atentado en la costa de Castellón.

Ricard solicitó por esta misma causa una pena de 18 años de prisión para Oihan Barandalla Goñi, Ander Múgica Andonegui y Alaitz Aramendi Jaunarena, 14 años para Aitzol Etxaburu Artetxe, diez para Itziar Plaza Fernández y ocho para Jurdan Martitegui Lizaso.

El representante del Ministerio Público subrayó que los diez que se sientan en el banquillo -y que este lunes estuvieron ausentes durante la requisitoria porque habían provocado su expulsión por la mañana- están siendo juzgados desde el pasado 18 de febrero por "hechos particularmente detestables".

Se trataba en concreto del secuestro, durante tres días, de la familia de la localidad de Orio compuesta por María Cristina Campos Sánchez, Mikel Igoa Aguirrezábal y el hijo de ambos Oier (entonces de cuatro años), y de "la preparación de un gran atentado", finalmente fallido, con el furgón de éstos que un comando etarra había cargado con media tonelada de explosivos.

Ricard hizo hincapié en que los inculpados eran "la línea más violenta" de ETA en los últimos tiempos e insistió ante los jueces del tribunal en que a la hora de pronunciar su veredicto -que se espera para el miércoles- no tenga en cuenta el contexto político del País Vasco ni las declaraciones de abandono de la actividad armada por parte de la organización terrorista, sino que se ajusten a los hechos.

Primero, porque dictar sentencia en función del contexto sería "caer en la arbitrariedad" de las condiciones que se dan en el momento del juicio, y que podrían cambiar dada la situación que existe "completamente incierta".

Pero también porque "los acusados nunca han sido actores del contexto" actual sin atentados, sino que por el contrario "han estado en total oposición" con la evolución que se ha producido, han mantenido "la posición más violenta" y, en realidad, "no han cambiado".

De hecho, hizo notar que la posición que mantiene ahora ETA, forzada por los éxitos de la lucha policial, "no tiene nada que ver con la que tenía cuando ellos la dirigían" a finales de la pasada década.

"Si hay algunos que podrían evolucionar, son precisamente los que se sientan en el banquillo", puesto que "ellos sí que saben dónde se encuentran los escondites" con las armas y los explosivos que conserva la banda, argumentó, antes de dudar sobre la verdadera voluntad del abandono de la actividad armada. "¿Qué lógica tiene mantener los arsenales operativos si se ha renunciado a la lucha armada?", dijo.

El fiscal hizo un repaso a las "condiciones draconianas" que los etarras impusieron durante su secuestro a la familia de Orio -les amenazaron con matarlos si se resistían, los tuvieron atados con cadenas- y también al "gran atentado" que prepararon con el vehículo que les robaron.

En concreto, explicó que por el modo de preparación, por la carga explosiva y por la coincidencia de los activistas implicados, buscaban cometer -probablemente el objetivo era Oropesa del Mar- "una réplica" del atentado que ETA perpetró en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 30 de diciembre de 2006 que causó la muerte a dos personas.

Este juicio es el primero contra 'Txeroki' en Francia desde que fuera arrestado el 17 de noviembre de 2008 en una estación de los Pirineos. Pocos días antes de su captura, había sido condenado en rebeldía a seis años.

En las próximas semanas debe afrontar dos nuevos procesos, el primero, el 26 y 27 de este mes por los hechos que se derivan de su detención, y el segundo durante cuatro semanas a partir del 2 de abril por su intervención en el asesinato de dos guardias civiles en el suroeste de Francia el 1 de diciembre de 2007.