Consejo de Ministros

Las petroleras no impondrán los precios a las gasolineras

Entre los cambios se incluyen modificaciones en los contratos de abanderamiento y la prohibición de que las compañías recomienden precios a sus estaciones de servicio.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una serie de medidas para fomentar la competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.


La nueva normativa entrará en vigor el domingo, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, quien ha detallado que entre los cambios se incluyen modificaciones en los contratos de abanderamiento y la prohibición de que las compañías recomienden precios a sus estaciones de servicio.


La Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia emitieron el año pasado sendos informes en los que alertaban de la falta de competencia en el sector de los hidrocarburos y proponían al Gobierno diversas medidas para elevarla e impulsar así la rebaja de precios de gasolinas y gasóleos.


En el terreno minorista y de manera transitoria, las compañías verán limitada la posibilidad de instalar nuevas estaciones de servicio en aquellas provincias en las cuentan con una elevada cuota de mercado.


Además, el Gobierno ha optado por limitar la duración de los contratos en exclusiva entre petroleras y estaciones de servicio (abanderamiento) a un máximo de un año, prorrogable por otros tres si así lo decide el dueño de la gasolinera. Por otra parte, se prohíbe a las petroleras recomendar precios de venta al público a sus estaciones de servicio. 


Según explica el Ministerio de Industria en un comunicado, las restricciones que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva limitan la competencia en el sector y perjudican a los consumidores al convertir al distribuidor en "un revendedor con descuento fijo o un comisionista".


Industria considera que cuando una petrolera recomienda tarifas a a sus distribuidores fomenta "el alineamiento de precios entre estaciones de servicio abanderadas, reduciéndose así la competencia intramarca". Para facilitar la instalación de nuevas gasolineras, se eliminan barreras administrativas, se simplifican trámites a la apertura de instalaciones de suministro minorista de carburantes y se fomenta la entrada de nuevos operadores. 


Uno de los objetivos, será incrementar la apertura de estaciones de servicios en centros y parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos (ITV) y polígonos industriales.


Para ello, se aclara que la actividad de suministro de combustible al por menor es compatible con el uso de suelo para actividades comerciales en estas áreas y que la superficie de la estación de servicio no computará como superficie útil de exposición de venta al público, para hacer más atractivas las inversiones.


Además, se establece un procedimiento único en todas las autonomías para la apertura de estaciones de servicio y que los tramites administrativos se resuelvan en un máximo de 8 meses.


Con el fin de minimizar la repercusión del uso de biocarburantes en el precio final de gasolinas y gasóleos y asegurar cierta estabilidad al sector, el Gobierno ha decido rebajar los objetivos de consumos obligatorios de estos carburantes "verdes".


Así, para 2013 y "años sucesivos", el peso de carburantes "bio" en el consumo total se rebaja del 6,5 al 4,1 %. En el caso de la gasolina el objetivo pasa del 4,1 al 3,9 % y en el del gasóleo del 7 al 4,1 %.


Para su venta al público, los biocarburantes (bioetanol y biodiésel) se mezclan con la gasolina y el gasóleo tradicional.


Los nuevos baremos, afirma Industria, "permitirán minimizar el precio de los carburantes y analizar con tiempo los desarrollos tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos comunitarios previstos para 2020", que establecen que ese año las renovables aporten el 10 % del consumo energético del transporte.


En el mercado mayorista, y con el fin de "que los costes de distribución sean los más bajos posibles", se profundiza en el régimen de supervisión de las instalaciones logísticas y de almacenamiento para garantizar que las compañías que tiene derecho a usarlas lo hagan "en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias".