La transparencia sobre la renta y el patrimonio varía según los países

La transparencia sobre las rentas y el patrimonio de los políticos varía de unos países a otros, ya que mientras que en algunos existen leyes que les obligan a hacer públicas las declaraciones de renta en otros sólo se hace de forma voluntaria.

En España, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, decidió hoy hacer públicas sus declaraciones de renta para eliminar dudas tras la publicación de los denominados "papeles de Bárcenas" sobre la supuesta existencia de una contabilidad en el Partido Popular distinta a la oficial.

Todo candidato que se presente en Francia a las elecciones tiene la obligación de entregar al Consejo Constitucional, el máximo órgano constitucional del país, su declaración patrimonial, que será publicada solo en caso de que gane los comicios, y también al término de su mandato.

Siguiendo esa normativa, el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mayo que el actual jefe del Estado, François Hollande, posee un patrimonio de 1,17 millones de euros, esencialmente ligado a propiedades.

Aunque el salario de los presidentes en funciones es público y está establecido por decreto, los máximos mandatarios no tienen la obligación de difundir su declaración de la renta.

En Alemania no publican sus declaraciones de la renta ni la canciller federal, Angela Merkel, ni el presidente del país, Joachim Gauck, ni el resto de los políticos, por tratarse de un asunto que afecta a su esfera privada.

Si son públicos, sin embargo, sus sueldos, que en el caso de Merkel se elevan a 16.816 euros brutos al mes.

Tampoco en el Reino Unido el primer ministro está obligado por ley a hacer pública su declaración de la renta.

La Hacienda británica (Inland Revenue) no está autorizada a facilitar, ni a la Policía, la declaración del jefe del Gobierno, aunque éste, como diputado, debe dejar constancia en el Parlamento de todos sus gastos y dietas, así como de cualquier ingreso que reciba al margen de sus funciones y que pueda dar motivo a un conflicto de intereses.

Sí existe en Italia una ley de 1982 que obliga a todos los parlamentarios a hacer pública su declaración de la renta y que se puede consultar en las páginas web de la Cámara de los diputados y del Senado, aunque algunos eligen no hacerlo.

Los grandes líderes y las altas instituciones del Estado la publican siempre y de esta manera, todos los años en Italia se realiza la clasificación de los políticos más ricos y este año se conocieron los ingresos y el patrimonio del tecnócrata Mario Monti, quien declaró 1.513.030 euros y decenas de propiedades inmuebles.

La legislación portuguesa obliga a declarar a los altos cargos públicos ante el Tribunal Constitucional, su renta, activos patrimoniales en el país y en el extranjero, así como las deudas contraídas con el Estado o entidades privadas.

A lo largo de su carrera pública, la ley exige que actualicen la declaración con cualquier aumento patrimonial de un montante superior a 50 salarios mínimos mensuales (ahora 24.000 euros).

El actual primer ministro conservador, Pedro Passos Coelho, declaró hace año y medio, cuando asumió el cargo, 112.000 euros de renta, dos casas, dos créditos hipotecarios y un automóvil.

En Rusia, en mayo de 2009, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, promulgó varios decretos que obligan a los funcionarios y a sus familias a hacer públicos sus ingresos y propiedades, medida destinada a combatir la corrupción en la administración pública.

En abril de 2010, el Kremlin y el Gobierno ruso publicaron por vez primera los ingresos, activos y propiedades de Medvédev, ahora jefe de Gobierno, y del entonces primer ministro y actual presidente, Vladímir Putin, así como del resto de altos funcionarios.

En Austria, un país en el que existe un rígido secreto bancario, los políticos no publican sus declaraciones de la renta.

Lo que se hace público son los salarios que perciben el presidente federal, los miembros del Gobierno, los diputados del Parlamento y otros altos cargos públicos.

En Turquía existen dos leyes referentes a la transparencia de ingresos para altos cargos políticos.

Una ley obliga a todo ciudadano que ocupe un alto cargo, desde el presidente y primer ministro hasta los dirigentes de ciertas ONG, a declarar todas sus propiedades cada cinco años en un sobre cerrado a Hacienda que solo se abrirá si surgen problemas legales.

La ley de impuestos, por otra parte, obliga a mantener la confidencialidad y prohíbe a todo funcionario difundir datos sobre la declaración de la renta de ningún ciudadano, incluidos los máximos cargos del Gobierno.

Al otro lado del Atlántico, en EE.UU., aunque los presidentes no están obligados por ley a publicar sus declaraciones de la renta, a partir de 1976 todos ellos han publicado declaraciones completas o parciales como parte de una tradición que se remonta a 1952.

En esa fecha, el entonces candidato a la vicepresidencia Richard Nixon urgió a sus oponentes a divulgarlas para generar confianza, pese a que él mismo no lo hizo.

Desde 1984, los candidatos presidenciales también suelen honrar la tradición de publicar dos o más años de sus declaraciones de impuestos.

En Argentina existe la ley de ética pública, que se sancionó en 1999, por la que los funcionarios de los tres poderes del Estado están obligados a presentar su declaración jurada de bienes.

Deben rendir cuentas al asumir sus cargos y actualizarlas una vez al año, así como entregar una al final cuando cesan en sus funciones.

En México, los funcionarios de cualquier nivel, también el mandatario, deben presentar una "declaración patrimonial" de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque tienen libertad para decidir si la hacen pública o no.

En el actual Gobierno, los miembros del gabinete y el presidente Enrique Peña Nieto las hicieron públicas el pasado 17 de enero, pero sin especificar ni el valor ni la ubicación de los bienes.