Patronal y sindicatos cobraban las dietas de sus consejeros en el Consejo Económico y Social

 El Tribunal de Cuentas ha denunciado que sólo uno de cada cuatro euros destinados a pagar dietas de asistencia a los miembros del Consejo Económico y Social (CES) acabó en manos de los consejeros, pues el resto se desvió hacia las organizaciones que los apadrinan, patronal y sindicatos, lo que supone no cumplir con los fines previstos y además un perjuicio para la Hacienda Pública, ya que la tributación es distinta.

En su informe sobre el ejercicio de 2010, remitido a las Cortes y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la entidad fiscalizadora señala que los consejeros del CES, que no forman parte de la platilla de la institución, tenían autorizados por Hacienda el cobro de 445,62 euros por cada asistencia a los Plenos, 222,81 euros por ir la Comisión Permanente y 178,26 euros por estar en las Comisiones o Grupos de Trabajo del Consejo.

Ahora bien, el Tribunal de Cuentas ha verificado que tan sólo el 24,85% de los pagos devengados por las asistencias a esas reuniones (un total de 133.200,45 euros) tuvieron como destinatarios a los propios consejeros. Y el otro el 75,15% (402.882,93 euros), fue a parar a las organizaciones a las que representaban los consejeros, pese a que éstas ya tienen asignadas compensaciones por la realización de actividades vinculadas al CES.

"Ni los consejeros pertenecientes a las cuatro organizaciones sindicales que componían el grupo primero del Consejo (CCOO, UGT, CIG y ELA), ni los consejeros de la CEOE (única organización integrante del Grupo Segundo del Consejo), recibieron las cantidades devengadas por sus asistencias a las reuniones del Consejo, que en el ejercicio 2010 ascendieron a 191.830,77 euros y 155.882,76 euros, respectivamente, cantidades que fueron íntegramente satisfechas a las propias organizaciones sindicales y empresariales a las que representan", denuncia.

Igualmente, las cuantías devengadas por las asistencias de los consejeros pertenecientes a las organizaciones del Grupo Tercero --Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios y Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja--, por un importe conjunto de 45.276,48 euros, fueron satisfechas por el Consejo Económico y Social a las organizaciones y no a sus representantes.

Pero, además, las cantidades devengadas por las asistencias de dos consejeros de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, organización representada también en el Grupo Tercero del Consejo, no fueron ni siquiera abonadas a dicha organización, sino a las respectivas entidades a las que pertenecían esos consejeros (Confederación de Cooperativas Agrarias de España y la División Construcción Sociedad Cooperativa, por importes de 3.297,60 euros y 6.595,32 euros, respectivamente).

La entidad fiscalizadora avisa de que el CES, al dejar al arbitrio de patronal y sindicatos la decisión de quién cobra las dietas, está generando una doble compensación para las organizaciones sindicales, empresariales y profesionales, que ya perciben por la vía de seleccionar expertos para actividades del Consejo.

Pero es que, además, en función de quién percibe esas dietas se aplica un tratamiento jurídico y fiscal diferente a cantidades devengadas por la realización de la misma actividad: Si los fondos son percibidos por los consejeros, tienen la consideración de rendimientos del trabajo y por tanto estarían sujetos a IRPF, pero si los destinatarios son las organizaciones sindicales, empresariales y profesionales, las compensaciones están exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, se está produciendo "un perjuicio para la Hacienda Pública derivado del diferente tratamiento fiscal que tienen estas compensaciones en función de si quien las recibe es una persona física o jurídica".

Y todo ello pese a que los pagos realizados por el Consejo Económico y Social directamente a las organizaciones, y no a los consejeros, por las asistencias a los órganos colegiados del CES contradicen el decreto de 2002 que únicamente habla de compensaciones al "personal" al servicio de distintas Administraciones, y por tanto sólo aplicable a personas físicas, no a personas jurídicas.

En ese real decreto se ponen límites en la cuantía que pueden recibir quienes asisten a los órganos colegiados, siempre en función de las retribuciones anuales que perciben, con lo que, al permitir que sean las organizaciones quienes perciban esas dietas se está permitiendo "evadir los mecanismos de control", por lo que "existe el riesgo de percibir retribuciones indebidamente".

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas insta al Consejo Económico y Social a realizar todos los pagos por las asistencias a sus órganos colegiados directamente a los consejeros.