Anuncios clasificados
Volver a Heraldo.es
Suscríbete Heraldo Premium Web del suscriptor

En Zaragoza y Canarias

Casi cien imputados en Zaragoza y Canarias por comercio ilegal de gas dañino para la capa de ozono

En una operación denominada 'Refresco', dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente, la Guardia Civil ha intervenido 150.000 kilos de gas R-22.

Efe. Madrid Actualizada 15/12/2012 a las 16:29
5 Comentarios
Imagen de los efectos incautados en la operación de la Guardia CivilEFE

Casi cien personas han sido detenidas o imputadas en Canarias y Zaragoza por comerciar ilegalmente con gas R-22, utilizado por los barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca pero prohibido por los países de la Unión Europea (UE) por sus efectos dañinos en la capa de ozono.

En una operación denominada 'Refresco', dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y llevada a cabo por la Guardia Civil, los agentes de este cuerpo han intervenido 150.000 kilos de este gas y han puesto a disposición judicial a 97 personas imputadas por un comercio que hubiera reportado a las empresas implicadas 4 millones de euros de beneficios en este año.

El teniente Oscar Fernández Camacho, perteneciente a la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado, ha explicado los detalles de esta operación, en la que se han practicado dieciséis registros de sedes y almacenes de diversas empresas e inspeccionado siete buques de distintas nacionalidades, muchos con bandera de conveniencia.

Fernández Camacho ha recordado que el protocolo de Montreal, suscrito por los socios de ONU y otros países, acordó un calendario progresivo de eliminación de ese gas especialmente tóxico y que genera daños en la capa de ozono, lo que permite la entrada de rayos UVA que pueden afectar al ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.

La UE fue más allá, y lo prohibió totalmente, aunque permite que empresas de los países comunitarios -a los que se les fija una cuota- lo compren en el mercado asiático para luego reenvasarlo y exportarlo a estados que todavía permiten su uso.

Así, desde la UE se adquieren cisternas de hasta 18.000 kilos y ya en Europa se reenvasan en bombonas con capacidad desde 12 kilos hasta 1.000, todo ello dentro del "canal legal", ha subrayado el teniente del Seprona, quien ha especificado que el 88 por ciento del comercio "controlado" de este gas corresponde a empresas españolas.

La UE, por tanto, es quien otorga las licencias para ese comercio a países que no han prohibido el gas R-22 para que compren, envasen y exporten, pero los imputados en esta operación -domiciliados en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza- hacían un uso ilegal de esa autorización.

El teniente ha resaltado alguna de las irregularidades que se han puesto de manifiesto durante la investigación, como el uso indebido del gas, que no se empleaba para refrigerar en alta mar, sino en tierra.

En ocasiones, el gas tenía un destino diferente al declarado en las solicitud de licencia y, por ejemplo, iba a parar a un buque distinto al que se había reseñado, y en otras la venta se hacía de forma directa sin permiso previo.

Los implicados obtenían importantes beneficios, toda vez que adquirían el gas a un precio de entre 4 y 8 euros el kilo y lo vendían a 40. Esta práctica impedía competir en igualdad de condiciones a otras empresas que actuaban dentro de la legalidad.

De hecho, solo en lo que va de año los beneficios rondarían los 4 millones de euros, a los que habría que sumar los obtenidos desde 2010, cuando comenzó esta actividad ilegal.

Según ha subrayado el teniente del Seprona, el juez ha clausurado de forma cautelar la actividad de una de las empresas implicadas.

Los detenidos, según la Fiscalía, podían haber incurrido en un delito de tenencia, comercialización o transporte de sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas para la salud y el medio ambiente, castigado en el artículo 348 del Código Penal con prisión de seis meses a dos años de prisión.

También, en un delito tipificado en el artículo 325, que castiga las emisiones o vertidos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas marítimas con penas de seis meses a cuatro años de cárcel.

Otros delitos en los que podían haber incurrido son los de falsificación de documentos públicos, para los que la pena es de tres a seis años, como prevé el artículo 390, y en el de contrabando, castigado con penas de uno a cinco años en la Ley de Represión del Contrabando para aquellos que trafiquen con sustancias químicas tóxicas a través de una organización.

Para esta investigación, que comenzó en febrero, la Guardia Civil ha destinado 60 agentes y ha contado con la colaboración del Servicio de Inspección y Control de Aduanas y el Ministerio de Agricultura.

La Unión Europea obliga a sus miembros a controlar y sancionar las actividades de producción y tráfico incontrolado de sustancias que agotan o deterioran la capa de ozono, tal y como recuerda la Fiscalía, que subraya la importancia de esta primera operación a gran escala que se desarrolla en España para combatir el comercio ilegal de esos gases.

Durante la operación, la Fiscalía ha mantenido permanente contacto con las autoridades comunitarias, que han enviado a España a un alto cargo para conocer de primera mano los resultados.


  • Bicicleto16/12/12 00:00
    Así es, ya se ha comentado. Qué malos malotes son estos señores que trafican con gases dañinos para la capa de ozono, mientras que cada cochecito que vemos Y padecemos por la calle está emitiendo una media en ciudad de 200 gramos de CO2 equivalente por km recorrido. Si cada día te haces tus 10 kms por Zaragoza, pongamos el caso, pues estás arrojando a la atmósfera 2 kilos de contaminante nocivo tanto para la salud de todos como para la capa de ozono. Suma y multiplica. Y ojo, porque la OMS hace meses que cataloga los humos del motor diésel directamente como cancerígenos, tras décadas de estudios. Según la Agenda 21 del ayuntamiento de Zaragoza (consultable en su web) sólo en nuestro término municipal se vierten al año (dato de 2010) 3,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero claro, es que no hay más remedio, tengo que ir a trabajar y de compras con el cochecito de marras, la bici cansa y el transporte público es un desastre... Una bici más, un semoviente quemagasolinas contaminador menos.
  • abundio15/12/12 00:00
    España es un país de pillos y los mas pillos son los que retuercen las leyes para que los sinvergüenzas se vayan de rositas.
  • Frezzer15/12/12 00:00
    No teneis ni idea del mamoneo del cambio de gases refrigerantes, conferencia de kioto ni multinacionales. Los coches producen mucho mas efecto invernadero y nadie los prohibe. Ignorantes, un refrigerante que daba un rendimiento genial a un buen precio. Tan genial, que había que eliminarlo y multiplicar los beneficios de alguna manera. Los frigoristas de verdad lo saben... mamoneo de multinacionales para ganar más con peores refrigerantes.
  • Basajaún15/12/12 00:00
    España es un país de pillos, ya solo nos faltó que nos impusieran a cientos de miles de pillos del resto del mundo, además pillos con peores pulgas.
  • Clussoe15/12/12 00:00
    Que pena de esfuerzo por parte de G.C. Estos "presuntos" delincuentes según el juez que les corresponda y la influencia de los abogados defensores, la condena no superará los dos años así no tienen por que entrar en prisión, es decir, que el trabajo bien hecho por el (Seprona) no vale para nada ya que estos "presuntos" delincuentes seguirán ejerciendo sus "actividades" tan ricamente y sino al tiempo. Este es el país que entre todos hemos creado y los que verdaderamente sacan beneficio son los delincuentes, sin presunción de inocencia.





Pie
Enlaces recomendados

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B-99078099 - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual