Operación crucero
... Y 50 millones a Ángel de Cabo, la mayor fianza en España
El juez Velasco le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Se trata de la mayor fianza exigida hasta ahora en España.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto este miércoles al propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, una fianza de 50 millones de euros para eludir la prisión, la mayor exigida hasta ahora en España.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga el vaciamiento patrimonial del grupo turístico Marsans ha impuesto a ocho de los nueve detenidos en la 'Operación crucero' fianzas que suman 112 millones de euros, mientras que ha dejado en libertad a una de las personas del entorno de De Cabo.
Después de la del empresario valenciano, las mayores fianzas en la 'Operación Crucero', de 30 millones de euros, les han sido impuestas al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al mano derecha de De Cabo, Iván Losada, y tienen el mismo importe que la que se fijó, en 1999, para el financiero Javier de la Rosa por el caso Torras.
Todos ellos están imputados por alzamiento de bienes, insolvencia punible, y blanqueo de capitales, entre otros, por haber urdido una trama para ocultar bienes de Marsans y patrimonio personal de Díaz Ferrán y su socio en el grupo turístico, el ya fallecido Gonzalo Pascual
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha impuesto 500.000 euros de fianza para eludir la cárcel a buena parte del entorno de De Cabo, como su cuñado, Teodoro Garrido, el financiero Carmelo Estélles y los supuestos testaferros Antonio García Escribano y José Pardo Manrique.
Para la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se ha establecido una fianza de 3.000 euros, que según han dicho las fuentes se ha satisfecho ya, gracias a la "colaboración" que ha mostrado en su declaración ante el juez.
El único de los detenidos que ha salido en libertad ha sido Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda y al que se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto la obligación de no abandonar el territorio nacional y comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional.
A excepción de Díaz Ferrán, Susana Mora y Rafael Tormo, el resto de los detenidos se han negado a responder a las preguntas del juez y del fiscal Daniel Campos, según fuentes de la Audiencia Nacional.
