Cataluña y País Vasco han reiterado su malestar a la entrada de la reunión

La reunión sectorial convocada este martes en el Ministerio de Educación para debatir el nuevo borrador sobre la reforma educativa propuesta por el ministro José Ignacio Wert ha comenzado pasadas las 16.15 con las críticas desde las representantes de Cataluña, País Vasco y Canarias.

Antes de entrar en la sectorial, la consejera catalana de Educación, Irene Rigau, y la viceconsejera vasca, Marian Ozcariz, han vuelto a expresar a los medios de comunicación su oposición a que las lenguas cooficiales sean materia de debate y que las autonomías tengan que costear la enseñanza en castellano para aquellos padres que lo soliciten.

Así, Rigau ha asegurado que no viene a negociar con el ministro de Educación porque "para el Gobierno de Cataluña y para el país la lengua es innegociable", por lo que ha dicho que exigirá en la reunión la retirada de la propuesta de ley.

"Desde el 1978 el catalán ha tenido la misma categoría tanto curricular como horaria del castellano, y por primera vez se nos relega a una categoría muy inferior", ha expresado Rigau, quien ha advertido de que si no se retira el anteproyecto no hay "colaboración posible" en el marco de la conferencia sectorial.

La viceconsejera de Educación vasca ha dicho que el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) "rompe el consenso constitucional" que se tenía en España sobre la enseñanza de las lenguas propias y que correspondía al marco de las autonomías.

Por su parte, la viceconsejera de Educación canaria, Marcela Armas, ha comentado que la ley supone un retroceso educativo de 40 años, "segrega a los alumnos y discrimina absolutamente a los que tienen menos recursos".

Para Armas, las autonomías tendrán que invertir entre 600 y 1.900 millones de euros que no tienen para ponerla en práctica.