El suceso del Madrid Arena cumple un mes. Y tras cinco muertes, una dimisión, ceses, filtraciones de declaraciones y vídeos, varios imputados, una comisión de investigación... nadie se ha hecho aún responsable de la tragedia, empañada aún más por el "todos contra todos" en el que está derivando.

Mientras, las familias de las chicas fallecidas en la avalancha de la fiesta de Halloween intentar sobreponerse a la pérdida y reclaman que se evite en la medida de lo posible la difusión de imágenes explícitas de la tragedia que pueden ahondar aún más en su dolor.

La quinta víctima, María Teresa Alonso, de 20 años, murió este jueves como consecuencia de las lesiones cerebrales severas que padecía y por las que desde el día del suceso permanecía en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Cinco víctimas de una noche de fiesta que acabó en una tragedia de la que nadie se responsabiliza y que, según se desprende de las investigaciones y de los testimonios que se han recabado, podría haberse evitado si se hubieran adoptado, por unos y por otros, las medidas de seguridad pertinentes.

De todos modos, corresponderá al juez determinar qué sucedió y por qué, así como las responsabilidades penales si las hubiere.

Ya en las primeras horas posteriores al suceso quedó en evidencia algo que ha tardado casi un mes en demostrarse: que el aforo se había sobrepasado con creces. De hecho, en las ocho cajas halladas en un pabellón anexo al Madrid Arena se han encontrado 16.781, un 58 por ciento más de lo permitido para el evento de ese día.

Los declaraciones que asistentes a la fiesta han realizado tanto a la Policía como al juez corroboran el exceso de aforo, pero también que no se controló el acceso, que algunas salidas estaban cerradas, que entraron menores de edad, que la seguridad era escasa y que se permitió 'botellón' en el párking del recinto por 10 euros.

Aunque en un primer momento se atribuyó el origen de la avalancha a una bengala que alguien prendió, todo indica que fue el exceso de aforo el que la provocó al unirse, además, a los jóvenes que estaban dentro decenas de personas que se colaron cuando comenzó la actuación del plato fuerte de la noche: el músico y DJ Steven Aoki.

¿Se vendió la cantidad de tickets encontrados en esas ocho urnas? ¿Por qué el promotor de la fiesta, el empresario Miguel Ángel Flores, siempre ha asegurado que vendió 9.650? Son preguntas a las que la investigación judicial que dirige el magistrado Eduardo López Palop tendrá que responder.

La tragedia ha tenido también un coste político, como la dimisión del que en ese momento era concejal de Economía y máximo responsable de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), propietaria del pabellón, Pedro Calvo, y las destituciones del consejero delegado y del gerente de esa entidad, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, respectivamente.

No ha dimitido, aunque se lo pidió la oposición, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, quien tuvo que enfrentarse a las críticas por volverse a Lisboa durante el puente en el que ocurrieron los hechos. Tampoco acudirá a la comisión de investigación.

Tanto de las pesquisas policiales y judiciales, como de las tres sesiones que ha celebrado la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, se deduce un cruce de acusaciones entre las diferentes partes implicadas sin que ninguna haya admitido su posible responsabilidad.

Así, Madridec ha cargado toda la culpa en los organizadores de la fiesta -Diviertt- y en Seguriber, que se hacía cargo de la seguridad exterior, ya que mantiene que el pabellón es "extraordinariamente seguro" y no infringió la legislación vigente.

Los mandos de la Policía Municipal han defendido la actuación de este cuerpo y han indicado que ni la organización ni la seguridad les comunicó inmediatamente el incidente.

Al Samur, por su parte, nadie le informó de que se iba a realizar la fiesta, mientras que el jefe del equipo médico contratado por Diviertt, Simón Viñals, ha dicho que contaba con medios suficientes, lo que no han avalado los sanitarios del Samur que acudieron al conocer la tragedia.

De momento, el juez sólo ha tomado declaración a dos imputados, uno de ellos Miguel Ángel Flores, quien ha culpado al Ayuntamiento y a la Policía Municipal de la tragedia, y el otro el propietario de la empresa Kontrol 34, Carlos Manzanares, a la que se atribuyó el control de los accesos y del interior.

Manzanares se ha desvinculado de la seguridad de la fiesta porque, según él, sólo facilitó a Diviertt un listado de controladores para que la empresa de Flores los contratara.

Todos contra todos en espera de la siguiente declaración ante el juez, la del representante legal de Seguriber el próximo día 11, y de nuevas imputaciones en un proceso que se presume largo.