Polémica por el anuncio del Gobierno

La residencia por comprar casas suscita temor a las mafias y a una nueva burbuja

El anuncio de que el Ejecutivo estudia cambiar la Ley de Extranjería para dar permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda de más de 160.000 euros.

Partidos y sindicatos han advertido de que la propuesta del Gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda de más de 160.000 euros puede "reactivar" la burbuja inmobiliaria y atraer a inversores extranjeros para blanquear dinero.


El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció que el Ejecutivo estudia cambiar la Ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a quienes adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.


Sin embargo, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado desde Bruselas que el Gobierno no tiene "ninguna decisión tomada". "Lo que hay es un análisis, es una alternativa que tiene pros y contras, como todas las acciones, pero en estos momentos puedo asegurar que no hay ninguna decisión tomada".


El anuncio del Gobierno ha sido calificado de "ineficaz" y "ofensivo" por algunos de los partidos de la oposición, que han alertado de que la medida puede servir de "coladero" para que algunas mafias internacionales blanqueen su dinero a través de la adquisición de viviendas.


Así, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha mostrado su rechazo "total y absoluto" a esta propuesta, que considera "ineficaz" en el objetivo de vender los miles de pisos que se encuentran vacíos, además de ser política y moralmente "inaceptable" y con la que -ha dicho- parece que el Gobierno "ha perdido la cabeza". "¿Pero qué locura es ésta?", se ha preguntado Rodríguez, que ha recordado que el mismo Gobierno que niega la sanidad pública a los extranjeros "que han perdido su trabajo", ahora pretende conceder la residencia a los que tienen 160.000 euros para comprarse una vivienda.


Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha advertido de que esta medida -que se analiza  en una reunión interministerial- puede atraer a inversores extranjeros que quieran blanquear dinero.


"Lo que va a conseguir el Gobierno es que entren sectores que vengan a blanquear el dinero negro que se mueve en los paraísos fiscales y encuentren el banco adecuado para evadir recursos de las haciendas públicas de otros países", ha alertado.


En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz adjunto de la Izquierda Plural, José Luis Centella, que teme que esta propuesta del Gobierno de "vender" el permiso de residencia a cambio de la compra de una vivienda puede "reactivar" la burbuja inmobiliaria.


Para CC. OO., la medida confirma la "política de clase" del Gobierno porque por un lado dificulta a los extranjeros el acceso a derechos fundamentales como la sanidad, en función de su situación en España, y por otro facilita la llegada de extranjeros "ricos" sin que tengan que acreditar sus medios de vida.


El sindicato ha advertido de que, si se toma esta medida, se permitirá la entrada de extranjeros, que podrán acceder al sistema sanitario o educativo al vincular su residencia legal sólo a la adquisición de una vivienda, sin que se les exija contribuir en otros aspectos del trabajo, cotizaciones o fiscalidad.


Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido que se analice con "seriedad y rigor" esta posibilidad para evitar que se creen "bulos" o se "inflen burbujas" que luego "nos explotan entre las manos". "Todo lo que sea reanimar la venta de viviendas por lo menos hay que estudiarlo", ha afirmado Rosell al tiempo que ha subrayado la importancia de "ver que las consecuencias negativas no sean mayores que las positivas".


Por otra parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha aplaudido la propuesta al considerar que va en la "buena dirección" para reducir el "stock" existente y revitalizar el mercado inmobiliario y dinamizar la economía, aunque ha pedido que se vigile que las facilidades para la inversión extranjera en inmuebles se cumplan rigurosamente y se eviten posibles fraudes o desviaciones.