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Justicia

La oposición avisa a Gallardón de que las nuevas tasas judiciales no pasan el filtro de la Constitución

El ministro niega que se desmantele el Estado de Derecho y afirma que las tasas no son populares pero sí constitucionales.

Europa Press. Madrid Actualizada 22/10/2012 a las 22:25
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Gallardón.EFE

Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido la retirada del proyecto de ley que regula una subida de tasas judiciales al considerar que no pasa el filtro de la Constitución y además agrava la "fractura social" con un claro perjuicio para las clases medias y facilitando la "impunidad" de "los más pudientes". 

Conscientes de la mayoría absoluta que tiene el PP, han dicho al ministro Alberto Ruiz-Gallardón que "vencerá pero no convencerá" con unas tasas que han recibido la crítica de abogados, procuradores, notarios y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 'populares' votarán a favor del texto.

Así se han expresado los representantes de la oposición durante la presentación del proyecto de ley que regula una subida de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, salvo en el orden penal, y en el del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Los grupos han presentado sus enmiendas a la totalidad en las que piden la retirada de este proyecto por entender que supone una "fractura" más en el Estado social y democrático de Derecho, que ya ha sufrido una merma en servicios públicos como la Sanidad o la Educación.

"No queremos desmantelar el Estado social y democrático de Derecho", ha defendido el ministro en su turno de réplica, para reconocer que las tasas no son populares pero que no constituyen "en absoluto" una traba al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Para el diputado del PSOE Antonio Camacho, el ministro ha hecho este juicio de constitucionalidad porque sabe que el texto "no supera los parámetros" establecidos en la Carta Magna. "Goza de la dudosa honra de ser preconstitucional e inconstitucional, que nos lleva a tiempos que creíamos felizmente haber superado", ha agregado.

El diputado socialista ha criticado la "pirueta" del ministro al anunciar la reforma de la Ley de Jurídica Gratuita durante el debate de una norma, que avanza hacia "una Justicia privada" y que produce el "más profundo rechazo político y moral".

Por poner un ejemplo, Camacho ha puntualizado que la nueva ley obligará a un particular a pagar 450 euros más los gastos de abogado y procurador si quiere recurrir una multa de tráfico de 200 euros.

"Furor recaudatorio"

El diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha manifestado que la norma conduce a la "revuelta social", dejando a los ciudadanos en situación de indefensión y facilitando la "impunidad" a "quienes tienen el poder".

En este mismo sentido, se ha posicionado ERC al entender que se crea una "Justicia para ricos" y se "limita el uso exclusivo" de este servicio a "los más pudientes". "Ampara los abusos de las grandes compañías hacia los consumidores y las injusticias de ciertos empresarios contra sus trabajadores. Es un achique a los derechos al socaire de su política neoliberal", ha zanjado Joan Tardá.

Desde el PNV, Emilio Olabarría ha recordado la oposición que ha recogido este proyecto de ley entre todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios. Esta cuestión, ha avanzado, seguramente preocupará poco al ministro, que tiene "votos y fuerza para vencer" y sacar adelante el texto, aunque "no para convencer".

La diputada de CiU Montse Surroca ha expuesto el "no rotundo" de su grupo a este texto legal por el "excesivo y desmesurado" aumento de las cuantías, con incrementos del 33 al 167 por ciento. Además, ha expuesto su preocupación por la doble tasa que deberán afrontar ciudadanos de comunidades donde ya se pagan.

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, también ha subido a la tribuna para expresar su oposición a una norma con un patente "furor recaudatorio" y con un efecto "disuasorio" en el acceso a los tribunales.

Por su parte, la diputada de BNG Olalla Fernández ha pedido la devolución al Gobierno del proyecto de ley por su carácter "injusto" que daña a un Estado social y democrático de Derecho "cada vez más atascado y cuestionado" por el Ejecutivo.







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