La Audiencia Nacional retomará este jueves su deliberación sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exigió la excarcelación de la etarra Inés del Río al considerar que se le había aplicado la doctrina Parot de manera "irregular".

Tras casi cuatro horas de reunión, varios de los 18 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal han explicado a su salida que "todo se encuentra abierto", si bien han precisado que han "entrado en el fondo de la cuestión".

Al igual que sucedió en el pleno celebrado el pasado 18 de septiembre, los magistrados no han podido alcanzar ningún tipo de decisión respecto a si la sentencia europea afecta a otros 33 presos etarras y a una narcotraficante que recurrieron la aplicación de la Parot, aunque volverán a intentarlo a partir de las 9:30 horas de este jueves.

Precisamente este miércoles finalizaba el plazo para recurrir la sentencia del TEDH ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, algo que ya hizo el Gobierno el pasado jueves a través de la Abogacía del Estado.

El recurso entendía que la sección tercera del TEDH se había apartado de la doctrina del propio tribunal europeo, que hasta ahora había defendido que los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de "irretroactividad".

Asimismo, apela a la "excepcional repercusión social" que para España tiene el criterio del TEDH contrario a la "doctrina Parot", según explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando anunció la semana pasada la interposición del recurso.

Para el titular de Justicia, aplicar de forma general el criterio contenido en la sentencia del tribunal de Estrasburgo supondría la puesta en libertad de "los mayores terroristas y los más peligrosos delincuentes comunes que en estos momentos se encuentran cumpliendo sus condenas".

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instaba al Estado, además de a su excarcelación, a indemnizar a Del Río con 30.000 euros por los daños morales causados y 1.500 por gastos y costas.

La etarra fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, de los cuales 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que hubo 14 muertos y 40 heridos.

Fue la sección primera de la Sala de lo Penal de este tribunal la que elevó al pleno la petición de los abogados de la etarra de ponerla en libertad una vez conocida la resolución que emitió el Tribunal de Estrasburgo el pasado julio.

Sobre esta petición se pronunció en contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estimó que la sentencia del tribunal europeo no es firme sino meramente "declarativa", lo que supone que es "básicamente el Estado afectado" el que tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar.

Sin embargo, el Ministerio Público apuntaba que "excepcionalmente", el TEDH "puede indicar el tipo de medida que debe ser tomada para hacer cesar la violación que se ha declarado", cuya naturaleza puede ser en ocasiones "de tal entidad que no deje ninguna elección".

Y entendía que, como en el presente caso, la Sala de Estrasburgo no ha ordenado la ejecución provisional de su sentencia, "no procede acordar la puesta en libertad solicitada".

Todo ello, junto a la ausencia de un marco legislativo en España que especifique qué órgano interno tiene la potestad de ejecutar una sentencia firme del tribunal europeo, estando ante una condena penal pendiente de cumplimiento, "la vía procedente para dar cumplimiento" a dicha resolución "una vez quede firme y no antes, será la sugerida" por el Constitucional.

Con la decisión que adopte, la Audiencia Nacional sentará jurisprudencia para el resto de etarras -unos 70- a los que se les ha aplicado la doctrina Parot, que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.