La Audiencia Nacional ha confirmado la excarcelación definitiva del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara, atendiendo a "razones humanitarias", pese a no estar "terminal", según el último informe.

Tras deliberar durante dos horas y media, el tribunal ha decidido, por cuatro votos a favor y uno en contra, rechazar el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y confirmar el auto dictado el pasado 30 de agosto por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, por el que concedió la libertad condicional por "razones de dignidad personal".

La excarcelación del preso, que ha sido comunicada al Hospital Donostia de San Sebastián, en el que se encuentra ingresado desde el pasado 1 de agosto, ha contado con el apoyo del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Alfonso Guevara, que entró a formar parte del tribunal en sustitución de la juez Manuela Fernández Prado, de licencia por estudios.

El quinto miembro del tribunal, Nicolás Poveda, ha anunciado un voto particular discrepante con el de sus compañeros y, al haber quedado en minoría, cederá a otro compañero la ponencia de la resolución, que será dictada y notificada en los próximos días.

La excarcelación ha sido adoptada en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto a la libertad condicional alegando que, según los informes elaborados por la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, no existe "riesgo inminente de muerte" para el recluso.

"Empeoramiento momentaneo" según el fiscal. En sus alegaciones el fiscal ha defendido, a partir del dictamen de la forense Carmen Baena, que el empeoramiento que ha experimentado el paciente en los últimos días es "momentáneo" y fruto de los efectos secundarios del tratamiento de radioterapia contra el cáncer al que está siendo sometido y a la huelga de hambre que realizó de forma "voluntaria" durante 15 días.

De igual modo, su mantenimiento en prisión, según el fiscal, no "dificulta la prestación de la asistencia médica precisa, ni es óbice para la administración al paciente en cualquier centro hospitalario de los tratamientos terapéuticos necesarios y de los cuidados médicos que actualmente requiere, y que le están siendo suministrados como a cualquier otro paciente en libertad".

Además, opina que el nuevo informe que el tribunal ha solicitado a la forense tiene "un difícil encaje legal" al haberse constituido en diligencias que los magistrados han solicitado "de oficio".

Por su parte, la defensa de Bolinaga ha reclamado la inmediata puesta en libertad de su cliente alegando que tanto el informe de la forense como el de la cárcel de Zaballa (lava) y otros que obran en la causa coinciden en que el cáncer de riñón que sufre el preso es "incurable".

Su escrito de alegaciones, según fuentes de esta parte consultadas, defiende que el tumor cancerígeno en el riñón, la metástasis en el pulmón y las otras tres que tiene en el sistema nervioso central provoca que "no exista tratamiento que posibilite su curación".

Informes contradictorios

El juez Castro acordó el pasado 30 de agosto la excarcelación del etarra argumentando que todos los informes médicos que obran en la causa, a pesar de presentar "algunas contradicciones", coinciden en que el interno padece "una enfermedad grave e incurable" que tiene "muy mal pronóstico" y que su esperanza de vida oscilaría entre "los seis y los doce meses El informe forense, que reproduce la historia clínica del paciente desde el 20 de agosto hasta el 10 de septiembre, concluye que procede "la reevaluación del enfermo una vez que desaparezcan los efectos secundarios del tratamiento recibido, para que sea posible evaluar los posibles beneficios reales del mismo y recalcular nuevamente la mediana de supervivencia que se le puede atribuir".

La forense Carmen Baena emitió el pasado día 24 de agosto un primer informe en el que señalaba que el enfermo no se encontraba en una situación "terminal" y que "únicamente presentaba leves síntomas clínicos", con un 50 por ciento de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.

Este dictamen contradecía el que realizó la "comisión médica" del Hospital Donostia de San Sebastián, que recogía que el preso se encontraba en una situación "irreversible" en la que "más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses", por lo que tendría más de un 90 por ciento de posibilidades de no sobrevivir más de un año.

El etarra, que cumple 313 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles y el secuestro de Ortega Lara, entre otros delitos terroristas, se encuentra desde el pasado 17 de agosto en tercer grado penitenciario.

El juez Castro condicionó su puesta en libertad a que Uribetxeberria Bolinaga no pueda acercarse a las víctimas de sus acciones criminales, participar de forma activa en manifestaciones de legitimación de la violencia ni ausentarse de la residencia que fije de manera oficial ante el juzgado.

Además, deberá presentarse mensualmente en los servicios sociales externos del centro penitenciario de San Sebatián y deberá comunicar cualquier novedad referida a su tratamiento médico.

Por su parte, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "todo el PP acata las resoluciones judiciales, nos gusten o no". No obstante, ha apuntado que le hubiera gustado que "hubiera vivido 300 años y hubiera pasado los 300 años en prisión, pagando todos y cada uno de los días a los que fue condenado".

Preguntado por si a la dirección del PP le preocupa que pueda haber desavenencias internas por esta cuestión, González Pons ha asegurado que el hecho de Bolinaga "no vaya a cumplir todos los años de cárcel por los que fue condenado, por la enfermedad que tiene, y vaya a morir fuera de prisión, revuelve las tripas a muchos". Pero, "puedo asegurar que todo el PP acata las resoluciones judiciales, nos gusten o no", ha concluido.

Además, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado que el PP "siempre" respeta las decisiones que adopta la justicia, tanto cuando les gustan como cuando no les gustan.

"Respetamos las decisiones de la justicia cuando nos gustan y cuando no nos gustan, cuando coinciden con nuestros argumentos y cuando no coinciden", ha señalado, para añadir, no obstante, que todavía es preciso conocer "todos los argumentos jurídicos".