El Gobierno reducirá un 15% la paga a cuidadores familiares de personas dependientes

La reforma de la ley de dependencia potenciará los cuidados profesionales de los dependientes sobre los cuidadores familiares, a los que reducirá un quince por ciento la paga y exigirá unos conocimiento mínimos para concederles la asignación.

Así lo ha asegurado esta tarde la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en una rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Durante más de tres horas, la ministra y los consejeros autonómicos del ramo han debatido la propuesta de reforma de ley que previsiblemente aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros, así como un real decreto que modifica la aportación de los dependientes al sistema.

"Hemos logrado un gran acuerdo que mejora el sistema y su viabilidad", ha señalado Mato, quien ha afirmado que la dependencia hasta ahora era "insostenible y necesitaba un cambio urgente", ya que en los últimos años estaba "colapsada", como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera.

Entre las principales medidas acordadas, destaca la simplificación del sistema en tres grados de dependencia, así como un nuevo sistema para calcular la aportación de los usuarios al sistema, en función de su renta y su patrimonio.

Sobre este último aspecto, Mato ha señalado que se trata de establecer un sistema "más justo, equitativo y solidario" de forma que "aporte más el que más tiene", para lo que se establecerán "criterios mínimos y básicos en toda España" para determinar la aportación de los dependientes a partir de su capacidad económica y la atención que reciban.

La ministra ha precisado que las personas cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención.

En cuanto, a la "apuesta" por potenciar la atención profesional sobre los cuidados familiares a los dependientes, Mato ha explicado que el objetivo es garantizar la calidad de los servicios, así como generar empleo y actividad económica.

Para desincentivar los cuidados no profesionales, la prestación económica que éstos reciben se reducirá en un quince por ciento, que las comunidades autónomas podrán aumentar. Además, se establecerán requisitos obligatorios como conocimientos mínimos y acreditar la convivencia con el dependiente, entre otros.

Con el mismo objetivo, la reforma propone una nueva redistribución de los fondos que las CCAA reciben del Estado y a partir de ahora beneficiarán cada vez más a aquellas que hayan apostado por la asistencia profesional.

Mato también ha anunciado una revisión "en profundidad" junto con el Ministerio de Empleo del actual sistema de afiliación de estos cuidadores a la Seguridad Social para establecer "una nueva regulación".

El director general del Imserso, César Antón, ha garantizado el pago de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales que ya estaban dados de alta, pero los que se incorporen a partir de ahora cotizarán en un régimen que aún está por determinar.

Además, el Consejo ha acordado establecer en dos años el plazo a partir del cual empieza a contar la retroactividad en la concesión de ayudas.

Por su parte, la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha apuntado que la reforma supondrá un "retroceso" y ha lamentado que se prime la atención en residencias frente a la domiciliaria, que supondrá la pérdida de unos siete mil empleos en esa comunidad, según sus cálculos.

La consejera vasca, Gemma Zabaleta, también ha criticado la reforma, porque, en su opinión, va a dinamitar derechos y conquistas sociales, mientras que el conseller catalán de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha dicho que lo planteado por Mato supone una "flagrante" invasión competencial para Cataluña y ha amenazado con recurrirla.