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El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con la que el Ejecutivo pretende clarificar las competencias municipales y potenciar el papel de las diputaciones, han informado fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha estado negociando durante el último mes con el PSOE esta modificación de la ley, pero finalmente no han conseguido pactar un texto conjunto.

Según el Programa de Estabilidad remitido en abril por el Gobierno a Bruselas, el Ejecutivo estimaba ahorrar 3.500 millones de euros en 2013 gracias a la ordenación de las "competencias impropias" y la agrupación de municipios.
No obstante, el Gobierno ha explicado que no tiene intención de eliminar ayuntamientos, aunque sí tiene previsto suprimir las mancomunidades y reforzar las diputaciones, que gestionarán servicios obligatorios y mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado que en el periodo de un año se evaluarán los servicios públicos municipales y que si en esa prueba las localidades pequeñas obtienen un resultado negativo, se debería encomendar esa prestación a las diputaciones provinciales.
Este punto ha sido uno de los más criticados por el PSOE, que cree que se abre la vía a la privatización de algunos servicios municipales.

En cambio, el Ministerio de Hacienda ha defendido que la asunción de estas competencias por parte de las diputaciones no conlleva "necesariamente" su privatización, aunque ha dicho que si alguna quiere explorar esa vía, "por qué no" va a hacerlo.

Esta reforma de la administración local será "ambiciosa y realista" y distinguirá entre aquellos servicios obligatorios que deben prestar los municipios y los voluntarios, precisó en su momento Beteta.
El Ejecutivo tiene la intención también de suprimir todas las mancomunidades al entender que son unas entidades locales "poco transparentes y opacas" y con el fin de eliminar las duplicidades entre las administraciones públicas.

Con esta norma se persigue también evitar las llamadas "competencias impropias" de los ayuntamientos, que son aquellas que prestan aunque no les correspondan y que, según los cálculos que hizo la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), pueden suponer un coste de 6.000 millones de euros para los consistorios al año.

El Gobierno y el PSOE comenzaron formalmente la negociación de la reforma de la administración local el pasado 4 de junio con la intención de pactar un texto para enviarlo a las Cortes Generales antes de las vacaciones de verano.

Estos contactos se produjeron por indicación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes en su cita en La Moncloa el pasado 25 de acordaron crear una comisión de trabajo para revisar las competencias de todas las administraciones, desde los ayuntamientos hasta las diputaciones y las comunidades.

El jefe del Ejecutivo anunció esta reforma durante su discurso de investidura con la intención de aplicar la máxima de "una administración, una competencia".
Los socialistas han criticado la propuesta presentada por el Gobierno porque la consideran "precaria" e insuficiente y reivindican que se acompañe de una nueva ley de financiación local.

Incluso, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha advertido de que su partido podría recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del que plantea el Gobierno "sin consenso" y que "viola la autonomía municipal".
En el seno de Femp, tampoco se ha conseguido un acuerdo sobre el nuevo texto entre los representantes de ayuntamientos del PP y del PSOE.
El Gobierno también ha mantenido contactos con otros partidos, como el PNV y CiU para reformar una ley que data de 1985.