Las diputaciones asumirán los servicios de municipios de menos 20.000 habitantes

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha manifestado este martes que la asunción por parte de las diputaciones de servicios gestionados por ayuntamientos no conlleva "necesariamente" su privatización, pero ha dicho que si alguna quiere explorar esa vía "por qué no" va a hacerlo.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, Beteta ha asegurado que "no es labor" del Gobierno definir cuál es el "método de gestión que tenga que tener cada una de las Diputaciones provinciales" porque, ha dicho, el Ejecutivo quiere "mejores servicios públicos", el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y mayor calidad de vida para las familias.

El secretario de Estado ha respondido así a la diputada del PSOE Meritxell Batet, quien ha cuestionado cómo las diputaciones van a asumir la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes si no es mediante privatizaciones.

En ese sentido, Beteta ha asegurado que no es importante si la mejora de la prestación de servicios "viene del ámbito de lo público o de lo privado" sino "de lo que sea mejor para el conjunto de los españoles".

Durante su comparecencia, Beteta ha asegurado que la reforma de la administración local "potenciará" el papel de las diputaciones provinciales, entidades que gestionarán "servicios obligatorios y mínimos" en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El secretario de Estado ha abogado por eliminar duplicidades y por construir administraciones más austeras, transparentes y que estén más "centradas en prestar servicios de calidad a los ciudadanos" sin "gastar más de lo que se debe".

Con respecto a la reforma de la administración local, Beteta ha asegurado que la ley potenciará el papel de las Diputaciones y garantizará, de ese modo, que los municipios de menos de 20.000 habitantes no vean "mermados" sus derechos básicos.

En el periodo de un año se someterá a los servicios públicos municipales y a los de las mancomunidades a un proceso de evaluación, y, ha precisado, si en esa prueba los municipios con menos de 20.000 habitantes obtienen un resultado negativo debería ser una "causa determinante" para "encomendar esa prestación a las diputaciones provinciales".

Asimismo, ha dicho que para los municipios con más población se acordaría una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios de "carácter voluntario".

Beteta ha asegurado que el Gobierno pretende que la reforma sea consensuada, y, en ese sentido, ha indicado que "está siendo objeto de negociación" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el PSOE, mientras que, ha explicado, ya la "conoce" CIU y "próximamente el resto de grupos parlamentarios y las CC. AA.".

El secretario de Estado también ha anunciado que se reformará la ley de Haciendas Locales para definir un nuevo modelo de financiación de municipios que asegure el mantenimiento de servicios públicos esenciales, ya que, ha indicado, los municipios son una "prioridad del Gobierno".

La reforma de la administración local, a su juicio, será "ambiciosa y realista" y distinguirá entre los servicios obligatorios que deben prestar los municipios y los voluntarios, e impedirá que se cubran los accesorios si previamente no se garantizan los obligatorios.

Con respecto a la reforma global de las administraciones, Beteta ha explicado que el Gobierno está dispuesto a emprender, "desde el diálogo", una "gran reforma" que garantice su "sostenibilidad y suficiencia financiera", y que mejore el modelo actual basándose en la prestación de servicios de manera "transparente y eficaz".

En ese sentido, ha remarcado que ya va en ese camino la aprobada ley de estabilidad presupuestaria, que en su opinión será "la más importante de la legislatura" y que impone el equilibrio en todas las administraciones públicas.

Beteta, quien considera que los resultados del déficit del primer trimestre han sido "altamente positivos", cree que es imprescindible adoptar todas las medidas para garantizar el cumplimiento del déficit del 1,5% acordado con las CC. AA., a las que, ha dicho, en caso que sea necesario se pedirán "medidas extraordinarias".