Los adjudicatarios de los contratos públicos, así como los colegios profesionales, estarán también sometidos a la Ley de Transparencia, según ha decidido el Gobierno tras analizar las aportaciones hechas por ciudadanos, administraciones y otras organizaciones al texto del anteproyecto.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la inclusión de estos sujetos para someterse a la futura norma, en la que no estará la Casa del Rey a pesar de que ha habido peticiones al respecto, porque el Ejecutivo insiste en que no es una administración pública.

Ha insistido en defender esta decisión y de nuevo ha puesto como ejemplo la monarquía británica, que no esta sometida a la ley de transparencia de ese país, que es un referente internacional dentro de este tipo de normas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de sancionar a los altos cargos que incumplan el código de buen gobierno -que incluye la gestión presupuestaria-, excepto en el caso de los ministros y los secretarios de Estado, cuya sanción decidirá el Consejo de Ministros.

Dicho código, ha asegurado, será "mucho más acotado", mientras que el procedimiento sancionador para los altos cargos que lo incumplan será más "profundo".

Las infracciones sancionables por la futura ley serán en materia de conflicto de intereses, de gestión económica-presupuestaria y en el ámbito disciplinario, y se incorporan las relativas al incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Mientras, las sanciones irán desde la destitución de los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias a la obligación de restituir las cantidades percibidas o indemnizar a Hacienda.

También se prevé la inhabilitación por un periodo de entre cinco a diez años, aunque en este caso Sáenz de Santamaría ha recordado que serán los tribunales, y no el Gobierno, los encargados de inhabilitar.

La vicepresidenta ha explicado por otra parte que el Gobierno ha decidido mantener el silencio negativo, a pesar de que ha habido numerosas solicitudes contrarias, porque cree que es necesario en materias "sensibles" como la seguridad nacional, o para proteger intereses "públicos o de terceros que hay que preservar".

Próxima aprobación

El Ejecutivo espera aprobar la Ley de Transparencia en el próximo periodo de sesiones según la vicepresidenta, que ha recordado que el anteproyecto se envía ahora a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado, que lo estudiarán antes de la remisión a las Cortes.

La norma entrará en vigor al día siguiente de cuando se publique en el BOE en lo relativo al buen gobierno, pero para cumplir con la transparencia se dará un año de plazo a las administraciones y organismos sometidos para que adapten sus sistemas informáticos y sus páginas web.

Tras analizar las aportaciones de los ciudadanos -casi 3.700, después de 78.000 consultas por internet al anteproyecto- el Ejecutivo ha decidido además reforzar la independencia de la futura Agencia de Transparencia.

Así, este organismo -hasta ahora agencia de calidad de los servicios- tendrá un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores.

Los colegios profesionales quedarán incluidos en la ley dentro de las corporaciones de derecho público, y también estarán los adjudicatarios de contratos, obligados a partir de ahora de informar sobre su gestión.

Se amplía asimismo la información sobre los contratos con nuevos elementos, como desistimientos y renuncias, y entran en la ley los contratos menores -que no estaban en el borrador- sobre cuyos montantes y principales aspectos se dará información trimestral.

Por otro lado, el Portal de la Transparencia se refuerza con respecto a lo que apuntaba el borrador de la norma, ya que se convertirá en un único punto de acceso al ciudadano desde el cual podrá analizar o reconducir sus peticiones y ese único órgano las distribuirá y recabará sus respuestas.