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Las organizaciones no gubernamentales que integran la campaña 'Armas bajo control' han denunciado este jueves que, durante el primer semestre de 2011, España siguió exportando armas y material de defensa y seguridad a países como Bahréin, Arabia Saudí y Egipto, sin tener en cuenta las posibles violaciones de Derechos Humanos por parte de Gobiernos enfrentados por entonces a la llamada 'Primavera Árabe'.

Así se desprende de un nuevo informe elaborado por Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en el que se analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material (armas de caza y deportivas, y material policial) durante el primer semestre de 2011.

En el documento, las organizaciones denuncian que, a pesar de algunas medidas adoptadas para la zona, España siguió exportando a países del norte de África y Oriente Próximo (Bahréin, Arabia Saudí y Egipto) material susceptible de ser utilizado "para cometer violaciones de Derechos Humanos".

Arabia Saudí, según el informe, constituye uno de los casos que más preocupación despierta en las organizaciones, no solo por las exportaciones del pasado año "sino por la operación, actualmente en marcha, que podría culminar en la venta al reino saudí de 250 carros de combate Leopard".

Al respecto, las ONG han pedido al Gobierno que dé "información pública detalladas sobre este asunto", que detenga la operación "de forma cautelar" y que, en todo caso, su realización esté condicionada "al establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas, para evitar que el material exportado pueda ser utilizado en la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

Además de los países del Norte de África y Oriente Próximo, en la lista de "operaciones preocupantes" citadas en el informe figuran, entre otras, las efectuadas con dos países envueltos en sendas espirales de violencia: México, "donde la 'guerra contra las drogas' se ha cobrado la vida de alrededor de 50.000 personas desde el año 2006" y cuyo Ejército "recibió transferencias por más de 57 millones de euros"; y Pakistán, "a donde se realizaron exportaciones de material de defensa por valor de 536.000 euros en la categoría de repuestos para aeronaves".

Otras operaciones muy preocupantes para las organizaciones son las realizadas con Colombia, por más de 22 millones de euros, principalmente en aeronaves; Israel, que recibió material por valor inferior a 90.000 euros (pero para el que se autorizaron 19 millones más), y Estados Unidos, que recibió más de 58 millones "pese a estar envuelto en conflictos armados y a sus insuficientes controles en materia de tenencia y venta de armas".

El informa critica también "la demora que está sufriendo la comparecencia del secretario de Estado de Comercio ante la comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe semestral sobre exportaciones de armas, tal y como se ha hecho los últimos años", y expresa su deseo de que "esta comparecencia se produzca a la mayor brevedad posible".

Mejoras en la política de transferencias

Junto a las críticas, el informe destaca algunas mejoras "en la política de transferencias seguida por el Gobierno español, que tienen que ver con medidas adoptadas con motivo de la llamada 'Primavera rabe' hacia los países del Norte de frica y Oriente Próximo", como la revocación, en febrero de 2011, de varias licencias para la exportación y la revisión de todas las licencias aprobadas desde el año 2006 hacia Túnez y Egipto.

Aparte, las ONG reconocen las mejoras en materia de transparencia y control, aunque advierten de que siguen registrando fallos "en la transparencia de los datos sobre comercio exterior de armas" y recuerdan que han presentado sus propias aportaciones a la Presidencia del Gobierno con vistas al borrador de la Ley de Transparencia que prepara el Ejecutivo central.

Entre estas aportaciones, destaca el reforzamiento del control de las exportaciones "preocupantes", la aplicación de la llamada "dimensión preventiva de la Ley", la mejora de los mecanismos para el seguimiento del material en el país de destino, una serie de avances concretos en la transparencia de la información sobre las transacciones realizadas y mejoras en los mecanismos información al Congreso de los Diputados "con antelación suficiente para mejorar el control parlamentario".