El Gobierno da luz verde a los recortes de sanidad y educación

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que permite a las comunidades subir el número de alumnos por aula de colegios e institutos y encarecer las matrículas de las universidades públicas, desde el curso próximo, para cumplir el objetivo de déficit autonómico de este año, del 1,5%.

La norma, que deberá convalidar el Congreso, ofrece a las administraciones una serie de posibilidades para ahorrar 3.000 millones de euros en el conjunto de los presupuestos autonómicos, pues cada una decidirá qué medidas aplica y cómo, según sus necesidades.

En la educación universitaria, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso y los alumnos de grado y los de máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25% del coste real de la titulación (la media era del 15% hasta ahora).

Las condiciones se endurecen aun más para los repetidores, que deberán asumir entre el 30 por ciento y todo el coste de los estudios, según el número de veces que necesiten matricularse para aprobar.

En la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por aula se incrementa el 20%, vinculado a las tasas de reposición de vacantes de funcionarios docentes (un 10% en 2012). Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria.

El profesorado de infantil y primaria tendrá que dar al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas, sin perjuicio de la reducciones por el ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro.

Luz verde a los ajustes de Sanidad

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los abusos en sus prestaciones.

Entre las medidas aprobadas destaca el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

La reforma también incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.

El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas".

La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario.