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Legislación

Los altos cargos no podrán aceptar regalos que superen la cortesía

Efe. Madrid| Actualizada 26/03/2012 a las 19:51     13 Comentarios

    Esta medida, con otras, forma parte del anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Informción Pública y Bueno Gobierno, abierto a aportaciones ciudadanas.

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    Los altos cargos de la administración no aceptarán regalos que superen los "usos habituales, sociales o de cortesía", ni favores o servicios que condicionen el desarrollo de sus funciones, según figura en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

    El Ejecutivo ha hecho público este lunes este anteproyecto, que vio el Consejo de Ministros el pasado viernes, y ha abierto un proceso de 15 días en el que los ciudadanos podrán plantear sus aportaciones a la norma.

    El texto también incluye que se deberán devolver las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente en el caso de la infracciones en materia de gestión económica-presupuestaria que fijará la ley.

    Asimismo, indica que cuando se reciban obsequios de "una mayor relevancia institucional se procederá a la incorporación al patrimonio del Estado".

    Buen Gobierno

    Estos preceptos se incluyen en el apartado del Buen Gobierno, que recoge los principios éticos y de actuación de altos cargos, además de las infracciones y sanciones en el caso de incumplimientos.

    Los gestores deberán actuar con "transparencia" en la gestión de los asuntos públicos y bajo los principios de "eficacia, economía y eficiencia".

    Además, asumirán la responsabilidad de las decisiones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

    El texto indica que desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto.

    También se precisan en el texto los límites al derecho al acceso a la información cuando perjudiquen los intereses económicos y judiciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente, la igualdad de las partes en procesos judiciales, el secreto profesional y la propiedad intelectual, entre otros.

    En el apartado de sanciones, se establece la posibilidad de inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo entre cinco y diez años en el caso de cometer faltas graves o muy graves.

    Entre ellas, se encuentran las de actuaciones de discriminación, la adopción de acuerdos ilegales, el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales de huelga, beneficiarse ilegalmente por la prevalencia de un cargo, la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales y la incomparecencia injustificada ante órganos parlamentarios.

    Infracciones muy graves

    La nueva ley determina como infracciones muy graves además, en el ámbito de gestión económica, los compromisos de gastos y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos, el incumplimiento de las obligaciones fijadas en al ley de estabilidad presupuestaria y la concesión de una subvención a una administración pública sin el previo informe del Ministerio de Hacienda.

    Las disposiciones de la ley, en materia de transparencia de la actividad pública, se aplicarán a la Administración General del Estado, las CC.AA., las entidades locales, los organismos con funciones de regulación sobre un determinado sector, y las entidades dependientes de las administraciones públicas incluidas las Universidades.

    También al Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como al Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.

    A ellas se suman las sociedades mercantiles con capital superior al 50% de todas las entidades sometidas a la ley, así como las asociaciones constituidas por estas y las fundaciones del sector público.

    Todas las administraciones públicas deberán publicar en sus sedes electrónicas o páginas web sus funciones, organigrama, planes en los que fijen sus objetivos y grado de cumplimiento.

    Igualmente, están obligadas a hacer públicos, entre otros datos, los contratos adjudicados, importe de licitación y adjudicación, subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe y las retribuciones percibidas por los órganos directivos

    El procedimiento

    El proyecto determina el procedimiento que han de seguir los ciudadanos para tener acceso a la información pública, pero se podrá rechazar la petición, por ejemplo cuando haya solicitudes "manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado.

    La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, aunque podrá ampliarse otro mes en función del volumen o complejidad de la información solicitada.

    El texto especifica que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

    En el apartado dedicado a la protección de datos personales, se especifica que se denegará el acceso a la información si contiene datos especialmente protegidos, salvo que el titular lo consienta.

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    13 Comentarios
    • #13 lg 27/03/12 19:31

      Y SI ES UN COCHE DE CORTESIA???????????

    • #12 Artousse 27/03/12 11:49

         Si el texto dice , que desempeñarán su actividad con plena dedicación, ¿dejarán de pertenecer a los consejos de administración de tantas empresas de las cuales están cobrando una pasta gansa?.

    • #11 ANONIMO 27/03/12 10:57

      NO INTERESA TERMINAR CON LA CORRUPCION PORQUE VA CONTRA LA VOLUNTAD POLITICA DE ESTE PAIS LO CUAL NOS PROVOCA MUCHO MÁS PARO Y CRISIS ,LOS JUECES TENDRIAN QUE PONERSE SERIOS CONTRA ESTE GRAVE PROBLEMA Y CASTIGAR CON PENAS DE CARCEL DE VERDAD Y AL MENOS HASTA QUE SE DEVUELVA LO CONSEGUIDO ILEGALMENTE MÁS INTERESES ,ESTO AYUDARIA A ESPAÑA EN CREDEBILIDAD AL EXTERIOR E INTERIOR Y A SALIR DE LA CRISIS.

    • #10 takiro 27/03/12 10:04

      Es la clave esta democracia, legislar mucho y mal , que yo ya si eso, le ire buscando la la vuelta a la ley a la vez que la redacto...a ver por donde me puedo beneficiar sin que parezca que soy un delicuente...

    • #9 IGUALDAD 27/03/12 09:13

      ESO ESO LOS BOLSOS DE LUIS VUITON O UNOS CUANTOS TRAJES SON CORTESIA PERO DOS LATAS DE ANCHOAS NO LO SON. ESO ES EQUIDAD

    • #8 marga 27/03/12 08:57

      ¿ que es cortesia y cuanto cuestan los regalos sociales y demás?

    • #7 pepito 27/03/12 08:35

      Le voy a regalar algo al Belloch, sólo por inhabilitarlo.

    • #6 SE LLAMA COHECHO 27/03/12 08:15

      CODIGO PENAL : Artículo 422. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

    • #5 dbnews 27/03/12 08:14

      El documento es tan pobre en su contenido como ambiguo en su redacción, lo que deja demasiadas puertas abiertas para su ineficacia. Una pena que lo que presentado como "el mejor antídoto para la corrupción" pueda terminar en convertirse en su mejor coartada (http://bit.ly/GT1QZL)

    • #4 josefo 26/03/12 23:05

      ¿Los regalos de bolsos de Louis Vuiton están incluidos en lo que pasará a ser patrimonio del Estado?. Pues yo conozco a alguna que no va a votar si a esa ley.

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