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España tiene que hacer frente a un ajuste del orden de 40.000 millones de euros en 2012 para cumplir el objetivo de déficit establecido, una cifra que supera en un 42,8% el montante combinado de los ajustes asumidos entre 2010 y 2011, según advierte la agencia de calificación crediticia Moody's, que considera necesarias más medidas de austeridad para "devolver a las finanzas públicas españolas a una senda sostenible".

"Cumplir con tal ajuste fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva económica", señala la agencia en una nota emitida tras conocerse la desviación del objetivo de déficit anunciada por el Gobierno. "Ahora prevemos una contracción del PIB de entre el 0,5% y el 1% en 2012, comparado con un crecimiento positivo del 0,7% en 2011", augura la agencia, que advierte además del impacto negativo que tendrá en este esfuerzo de consolidación la crisis de deuda del conjunto de la zona euro.

Moody's considera que el anuncio por parte del Gobierno de que el déficit de 2011 se situará en la órbita del 8%, lo que supone una desviación de unos 22.000 millones de euros, respecto al objetivo del 6% previsto, "es negativo para el perfil de crédito".

En este sentido, aunque los detalles del desequilibrio fiscal no serán proporcionados hasta marzo, Moody's apunta que a nivel regional probablemente fue incluso mayor de lo esperado y que quizá, en contra de lo previsto, el propio Gobierno central no fue capaz de exceder su objetivo de reducción del déficit.

No obstante, la calificadora de riesgos destaca que "la rapidez de las acciones del Gobierno reflejan su compromiso con la consolidación fiscal, aunque son necesarias más medidas para devolver a una senda sostenible las finanzas públicas españolas".

Asimismo, respecto al reciente anuncio del Ejecutivo de que se recaudarán 8.000 millones adicionales a través de la lucha contra el fraude fiscal Moody's puntualiza que estos ingresos resultan "notablemente difíciles de estimar y recuperar".

Por otro lado, la agencia considera "positivas" las indicaciones del Gobierno que apuntan hacia un mayor control del Ejecutivo central sobre los presupuestos a nivel regional, que a su juicio requieren una "reforma urgente", tal y como demuestran los grandes desequilibrios fiscales de 2011.