El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitó a los Ministerios de Defensa y Fomento que le entregue la documentación que tenga sobre los 44 vuelos de las tropas españolas que entre 2002 y 2003 se contrataron a la agencia de la OTAN Namsa, entre los cuales se encuentra el del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.
El magistrado, que investiga las presuntas irregularidades que pudieron cometerse en la adjudicación de este aparato, libra oficio al departamento dirigido por Carme Chacón para que aporte a la causa la documentación sobre "el sistema de contratación" de vuelos con compañías de la antigua Unión Soviética que se realizó con la intermediación de Namsa y de la compañía británica Chapman Freeborn.
También se dirige a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Defensa, para que aporte el expediente de la compañía ucraniana UM-Air, propietaria del Yak-42, y en concreto del vuelo siniestrado, que dos días antes del accidente partió del aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) y llegó a Kabul (Afganistán) y Manás (Kirguizistán).
En un auto hecho público este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 recuerda que aún quedan pendientes las comisiones rogatorias libradas a 15 países, así como la localización del domicilio de los responsables de Chapman Freeborn que fueron llamados a declarar, entre los que se encuentran su representante legal en Reino Unido, Carol Norma, y su delegado en Alemania, Russi Batliwala.
No declararán más testigos
De igual modo, desestima el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones particulares, entre las que se encontraban la declaración como testigo del general Manuel Bretón, ex jefe de gabinete del ex ministro Federico Trillo. Marlaska la rechaza argumentando que la petición "adolece de cualquier significación precisa" porque en la causa ya han declarado responsables ministeriales "del más alto nivel".
Marlaska finalizó el pasado 6 de octubre la ronda de 45 comparecencias que ordenó practicar después de que en enero pasado la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, en la que se encuentran imputados cinco cargos militares que ocupaban puestos de responsabilidad en el momento del siniestro.
Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
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