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María Victoria Pinilla ha cambiado hoy de estrategia y ha decidido no declarar ante el juez de La Almunia que investiga el caso de corrupción urbanística en el municipio zaragozano, en el que hay imputadas cerca de cuarenta personas.

Dentro de la investigación de este supuesto caso de corrupción, María Victoria Pinilla estaba hoy citada ante el juez Alfredo Lajusticia para responder a unas preguntas relativas a una caja de seguridad de la entidad de ahorro Cajalón en la que había una importante cantidad de dinero, y a la salida de los juzgados se ha limitado a decir ante los medios que no ha declarado porque "no tengo nada que declarar".

La exalcaldesa ha estado acompañada de sus dos hijos y de una amiga, y a la salida, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que todo había ido "muy bien".

Por su parte, Jaime Ingram, del equipo de abogados de Ricardo Fernández de Vera, actual representante legal de la exalcaldesa, ha explicado que su clienta se ha acogido a su derecho de no declarar ya que "se entiende que ya ha dicho todo lo que tenía que decir".

El letrado no ha dado más detalles de cómo se desarrollará la estrategia, y ha apuntado que "habrá que ver en su momento las decisiones que se tomarán en el futuro".

El caso de la Operación Molinos se destapó el 18 de marzo de 2009 con la detención de la entonces alcaldesa y otras 17 personas, entre ellas su marido y dos de sus hijos, aunque el juez fue imputando a más personas y a día de hoy el número de implicados en el caso ya alcanza casi la cuarentena.

A Pinilla se le imputan once delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas o prestaciones) ilegales y blanqueo de capitales.

Por este caso entraron a prisión tres personas: María Victoria Pinilla, que permaneció cuatro meses en la cárcel y salió tras pagar una fianza de 800.000 euros; el concejal del PAR en el Ayuntamiento de La Muela Juan Carlos Rodrigo, que pagó una fianza de 120.000 euros, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, en libertad tras pagar 250.000 euros.

Quien sí ha declarado hoy ante el juez Lajusticia ha sido Juan Antonio Embarba, exmarido de la alcaldesa, quien ha respondido al juez sobre "todo lo que se recogía en el informe de hacienda de 2005" y en el "informe del grupo de blanqueo", ha detallado su abogada, Cristina Ruiz Galbe.

La letrada ha señalado que la declaración ha ido "bien", "conforme a lo previsto", y que su cliente ha respondido "lo que tenía que decir" y "lo que era la verdad", es decir, que no recibió ningún dinero negro, "evidentemente".

A Embarba se le imputan varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y uso de información de privilegiada.