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Los padres de un joven discapacitado psíquico implicado en una operación de tráfico de drogas que provocó su detención y posterior muerte en una cárcel de Buenos Aires han emprendido una campaña para exigir justicia y reformas legales en favor de personas como su hijo.

David Díaz Ríos, con 19 años y una discapacidad intelectual del 49%, aceptó presuntamente en la primavera del año pasado la oferta de un desconocido para desplazarse a Colombia y traer droga a España a cambio de un beneficio económico sin determinar.

Los padres del joven, Manuel y Roser, naturales de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) pero domiciliados en Monzón (Huesca), no supieron del viaje emprendido por su hijo hasta que recibieron una llamada desde el aeropuerto de Buenos Aires para informarles de que había sido detenido por narcotráfico.

Así lo ha asegurado la madre del joven, quien no podía imaginar en esos momentos que tres días después, en la madrugada del 31 de mayo, su hijo iba a morir en un pabellón psiquiátrico penitenciario, víctima de un incendio ocurrido en extrañas circunstancias que llevó al Parlamento argentino a abrir una investigación judicial.

Roser mantiene contacto semanal con un gabinete de abogados argentinos que trabajan en la denuncia interpuesta para determinar las responsabilidades del centro penitenciario donde falleció David y otro interno alojado en una celda anexa.

Las primeras investigaciones realizadas apuntan a que el interno que fue alojado en una celda junto a la de su hijo no fue registrado y pudo entrar un mechero con el que incendió las paredes acolchadas de la estancia.

El fuego provocó la muerte de esta persona y generó una densa nube de humo que se filtró por el pasillo hasta la celda de David, que murió asfixiado apenas tres horas después de ingresar en dicho centro por orden de un juez de Buenos Aires con el fin de realizar un peritaje de su grado de discapacidad intelectual.

Según la madre del joven, que viajó a Argentina con su marido unos días después, fue informada por sus abogados de que el causante del incendio no solo había conseguido entrar un mechero sino que los colchones de las celdas no eran ignífugos, no había vigilancia y no funcionó el sistema de alarma.

En enero de 2011, David tomó la decisión de dejar el hogar familiar en Monzón y trasladarse con su novia a Lérida, desde donde mantenía un contacto semanal con sus padres a través de correo electrónico. La marcha de su hijo y la decisión que había adoptado dos años antes de dejar la medicación psiquiátrica que tomaba preocupó a sus padres, que no pudieron impedir, sin embargo, que llevara a cabo sus planes.

Tras su viaje a Colombia, la primera noticia que recibieron sus padres fue a través de la llamada telefónica de un abogado para informarles de la detención de su hijo, al que la policía aeroportuaria encontró droga en un doble fondo de la maleta que portaba, y la segunda, unas horas después, para comunicarles su muerte.

Roser se muestra especialmente molesta con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el servicio de protección y asistencia a familiares de víctimas en el extranjero por las recomendaciones que les dieron. "Nos dijeron que nos buscáramos la vida por nosotros mismos, como otras familias a quienes se les muere alguien en otro país", afirma Roser.

Estos hechos han llevado al matrimonio a poner en marcha una campaña para evitar que casos como el de David, de quien su madre asegura que "no medía las consecuencias de lo que hacía", puedan volver a repetirse.

Roser y Manuel reclaman la creación de una base datos que permita controlar a las personas con discapacidad intelectual a la hora de sacar un billete de avión, así como medidas para garantizar la protección e información en el proceso de tutela.

La pareja también reclama un endurecimiento de las condenas a las personas que se sirven de discapacitados psíquicos con fines delictivos, una situación que, según afirman, se da con cierta frecuencia.

Así, durante la campaña de recogida de manifestaciones de apoyo en Cataluña y Aragón fueron informados de la existencia de una red criminal que se sirve para operaciones de narcotráfico de jóvenes discapacitados y de ancianos. Para reforzar su campaña, el matrimonio ha creado un grupo en Facebook y han convocado concentraciones, la próxima, el 27 de enero en Hospitalet.