Últimas noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel del periódico digital Heraldo.es

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha destacado que, a pesar de la apelación al crédito de 438 millones en los presupuestos de 2009, el nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma se situará el próximo año en un 5,7% del producto interior bruto regional como máximo. En el último pleno de las Cortes, el presidente Iglesias admitió que esa cifra podría llegar al seis por ciento. Pero lo que ningún responsable del Ejecutivo ha aportado a ese debate es que la deuda tiene una extensión de 287,8 millones que no se contabiliza en las cuentas públicas al estar diferida en el entramado de las sociedades públicas.

Esos 287,8 millones es la cantidad reconocida por la propia DGA con fecha 30 de junio de 2008 en su informe sobre "la situación de endeudamiento vivo a largo plazo del sector público aragonés", remitido recientemente al Parlamento autonómico.

El informe diferencia tres grupos de entidades. En el primero entran los institutos, consorcios, centros, sociedades y fundaciones que forman parte del balance consolidable de la DGA, es decir, que computan dentro del presupuesto ordinario de la comunidad autónoma. Allí figuran, junto a los 1.138,8 millones de crédito directamente imputables al Ejecutivo, los 19,3 de la Universidad de Zaragoza o los casi 22 del Instituto Aragonés del Agua. También aparecen partidas de 4,3 millones en Sodemasa, tres más en el Instituto Tecnológico de Aragón, 1,5 de la Fundación Jaca 2007. O los 195.000 euros del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución y los 7.000 de Zaragoza Logistics Center.

El segundo grupo contable, el de las sociedades no financieras públicas, es donde aparece prácticamente toda la deuda extra de 287,8 millones. Son las empresas públicas (bien participadas por la DGA, bien de capital completamente público) objeto de constantes críticas por parte de la oposición, que entiende que el Gobierno abusa de ellas para mantener determinadas inversiones lejos del control parlamentario aferrándose al derecho mercantil.

Dentro de este grupo, destacan los 272,6 millones de deuda destinados a sufragar costosas actuaciones en los campos de la logística (95 millones), el urbanismo (88,5) y la nieve (89,2). En el sector logístico, Plaza S. A., la entidad responsable de la plataforma de Zaragoza, cuenta con créditos financieros por valor de 55,8 millones. Además, Plaza Desarrollos Logísticos tiene otros 9,5 y la Fundación Plaza 4,5 más. Por su parte, la empresa de Plhus, la plataforma de Huesca, debe responder por 17,6 millones, mientras que Platea Gestión, la de Teruel, lo hace por 7,5.

En la nieve, Aramón cuenta con una deuda viva de 64,1 millones y Formigal S. A. con otra de 24,3. Panticosa Turística debe 631.000 euros y Nieve de Teruel 8.000. Por otra parte, Suelo y Vivienda de Aragón tiene suscritos créditos todavía activos por valor de 88,5 millones y Walqa por 10,3.

El informe de la DGA deja en un tercer apartado, el de instituciones financieras no monetarias, a las entidades Avalia Aragón (sin endeudamiento) y Savia Capital Inversión, con 637.000 euros de créditos. La suma total de esa situación de endeudamiento vivo a largo plazo del sector público aragonés era, el pasado mes de junio, de 1.477 millones de euros.