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Encontrar un piso en alquiler a un precio asequible no es tarea fácil. Y menos cuando el que lo busca es un inmigrante, una mujer sola, una persona mayor o un discapacitado con unos ingresos bajos. Para facilitar el acceso a una casa digna a estos colectivos nació hace 5 años en Zaragoza la bolsa de alquiler solidario de la Fundación Federico Ozanam. Actualmente, 720 personas disponen de una casa digna avaladas por esta organización, que mantiene activos 213 arrendamientos.

Una de las "claves" del proyecto, como reconoce el responsable de Acción Social de Ozanam, José María Lamana, consiste en que la entidad garantiza a los propietarios de las viviendas que van a cobrar el día 8 de cada mes a lo largo de la vida del contrato, que puede alargarse por ley un máximo de 5 años. Si el inquilino no llega, Ozanam asume el pago. Asimismo, media ante posibles conflictos y realiza todos los trámites relativos al desahucio en el caso de que fuera preciso.

José María Lamana destaca que en los 5 años de vida del programa se han llevado a cabo 12 desahucios. Lo que sí se ha disparado en los últimos meses a golpe de paro es la morosidad. Cada vez son más las familias que no pueden reunir el dinero necesario a final de mes. "Hemos pasado de un 3% de personas que tenían problemas para pagar el alquiler a un 10%", dice Lamana.

Aumenta la oferta

Como contrapartida, se ha notado un incremento del número de propietarios que ofertan sus viviendas para este fin. "Los pisos se habían convertido en un bien escaso, antes en un mes nos entraban 4 o 5 y ahora hemos llegado hasta 12", dice José María Lamana. Eso sí, los precios "se contienen" y todavía " se resisten a bajar".

El balance de los cinco años de vida de esta bolsa de alquiler solidario puede leerse también como una radiografía sociológica de la ciudad. Los precios en este lustro se han incrementado a un ritmo de un 15% anual y, según Lamana, es casi "imposible" encontrar uno por menos de 500 euros mensuales.

A lo largo de este tiempo, 1.999 familias de 55 países distintos han pedido ayuda para poder disponer de una vivienda, de ellas 261 el año pasado. En lista de espera continúan 702 unidades de convivencia. El 79% de los que acuden a Ozanan son inmigrantes, sobre todo rumanos (22%), ecuatorianos (14%) y marroquíes (9%).

Los hay que no pueden justificar sus ingresos con una nómina y quedan fuera de algunas ayudas públicas. Los costes limitan los alquileres activos a 213. Lamana concreta que el plan cuenta con una financiación anual de unos 120.000 euros, de los que 100.000 euros aporta Ibercaja.

Un programa de este tipo no resuelve ni de lejos el problema de la vivienda, pero representa un respiro para algunos. "No modifica la situación general -reconoce Lamana-, pero tiene un cierto impacto entre la gente".