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La central térmica de carbón que la empresa Carbonífera Energía tiene previsto empezar a construir este año en Mequinenza, se está encontrando con la oposición que suscita en algunas de las localidades leridanas colindantes. Una vez que el proyecto ha recibido la autorización ambiental integrada del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, después de una larga tramitación que ha durado cuatro años, se ha constituido una plataforma contraria a esta instalación por los perjuicios que causaría al medio ambiente y a la agricultura de esta zona del sur del Segrià que linda con Aragón.

Almatret, un pueblo de unos 400 habitantes que se encuentra a siete kilómetros de la futura planta, lidera el movimiento de oposición. "No vamos en contra de nadie, ni de la empresa ni de la minería, pero tememos las repercusiones negativas que la central pueda tener sobre las personas y el medio ambiente. No estamos convencidos de las explicaciones que nos están dando ahora sobre que la contaminación será mínima al contar con una tecnología avanzada", declaró su alcalde, Evarist Giralt. Recordó que alrededor del municipio se planean otras dos térmicas en Fayón y Ribarroja (Tarragona).

Sus homónimos de las otras dos poblaciones catalanas más cercanas, Granja d'Escarp y Serós, prefieren no entrar en la polémica que se ha suscitado y confían en que se cumpla la legalidad. No obstante, la plataforma contraria cuenta con el respaldo de otros municipios situados en un radio de 20 kilómetros, entre ellos Maials, Llardecans y Aitona, además de agrupaciones como Ecologistas en Acción, que desde el primer momento alegó contra el proyecto. El próximo día 22 está convocada en Almatret una protesta contra la central coincidiendo con la celebración de una carrera de bicicleta de montaña.

La central, declarada de interés público por el Ayuntamiento de Mequinenza, tendrá una potencia de 37 megavatios. Utilizará como combustible una mezcla de un 70% de material de escombreras y un 30% de carbón de la zona. Para la alcaldesa de la localidad, Magdalena Godia, esta actuación permitirá mantener el actual centenar de puestos de trabajo derivados de la minería y regenerar medioambientalmente el entorno.

"No quiero entrar a valorar las bondades y maldades medioambientales, porque para ello están los técnicos", aseguró acerca de la controversia. En el periodo de consultas, también se pronunciaron a favor del proyecto el consistorio de Caspe y la comarca del Bajo Cinca. Al proyecto le falta ahora obtener los permisos de asignación de emisiones del Gobierno central, la concesión de caudales de agua de la CHE y la licencia para conectar con la red eléctrica. Fuentes de la empresa confirmaron que estas autorizaciones están tramitándose y que, si no surgen contratiempos, se confía en comenzar las obras en este 2009. La inversión rondará los 65 millones de euros. Hay un plazo de tres años para su puesta en marcha.