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La Intervención General del Gobierno de Aragón revisará las contrataciones de la segunda fase de la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) desde el año 2003, según ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón.

El Consejo de Gobierno ha analizado este asunto, y tras la reunión, Fernández de Alarcón ha explicado en una rueda de prensa que la Intervención General revisará esas contrataciones tras detectarse presuntas irregularidades en la liquidación de las obras de la segunda fase de Plaza y en la compra de dos edificios por la sociedad a una empresa del máximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, que ya se ha llevado a la Fiscalía.

Según ha detallado el consejero, el contrato de la segunda fase de Plaza, con una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, se inició en septiembre de 2003 con un presupuesto de 46 millones de euros y la liquidación y la recepción de obras, aprobada el 11 de febrero de 2011, asciende a 179 millones de euros más IVA.

"No parece, en principio, que las posibilidades de ampliación del valor de los contratos permitan todo este tracto", ha dicho el consejero, y por eso se ha pedido a la Intervención General un análisis, que podría tardar unos meses.

Además, se ha pedido a la UTE que subsane el "error" que ha podido cometer en la liquidación de las obras y, en ese sentido, ha resaltado la videovigilancia, por más de 2,7 millones, que no está funcionando, y en ese error, ha dicho, "necesariamente" ha colaborado la ingeniería que ha dirigido las obras y algún funcionario de Plaza al firmar una liquidación sin hacer ninguna observación de que faltaba esa parte de las obras.

Plazo a la UTE para corregir el error

Ha precisado que se ha dado un plazo a la UTE para corregir la liquidación, que coincide con la fecha en la que ésta tiene que cobrar unos pagarés por 10,9 millones, el 31 de enero.

Lo lógico, para el consejero, es que no los cobren en tanto se aclara la liquidación correcta, aunque esa cantidad se conseguirá si se somete a cobro a través de un crédito participativo, la compra de una parcela por parte de Ibercaja o la conclusión de todos los compromisos de Plaza con Decathlon, que pagará una cantidad importante antes de esa fecha.

"Pagaremos todo lo que está comprometido en pagar si no detectamos previamente que se basa en una irregularidad", ha insistido el consejero, porque el monto de la deuda reconocida es de 46 millones, aunque no toda corresponde a la UTE responsable de la segunda fase, y se acordó, ha subrayado, tras las elecciones y antes de que tomara posesión el nuevo Gobierno.

Operación urbanísitica beneficiosa para la empresa de Agapito Iglesias, presidente del Real Zaragoza

Ha precisado, respecto a los edificios comprados por Plaza a una empresa de Agapito Iglesias, que se pagaron a un precio superior al fijado en un contrato anterior, al menos cinco millones de euros más, y el objetivo del Gobierno es recuperar esa cantidad presentando una demanda civil contra quien lo vendió sin tener en cuenta ese contrato previo.

Además, ha avanzado que cuenta con un "preinforme" relacionado con otro contrato de Plaza en el que podría haber "algún problema más", y una vez estudiado informará al consejo de administración de la sociedad y al Consejo de Gobierno.

Preguntado por la situación económica de Plaza, ha hecho hincapié en que la sociedad tiene graves problemas financieros y técnicos y existen "dudas" sobre algunas contrataciones anteriores, pero todavía pueden "salvarla".

En ese sentido, ha comentado que los Presupuestos incluyen cantidades para esta sociedad y que las ampliaciones de capital que se han "echado para atrás" se han sustituido por créditos participativos y tres de los cuatro socios están aportando cantidades.

En cuanto a posibles responsabilidad políticas, el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha apuntado que dependerán de las decisiones judiciales.

Bermúdez de Castro ha subrayado que la situación económica de los departamentos del Gobierno es "muy complicada" y por eso, se analizan todos los expedientes de pago para ver si cumplen todos los requisitos para poderse abonar o no.

Fernández de Alarcón se ha referido, por otra parte, a Zaragoza Alta Velocidad, cuyos créditos se están renegociando y el Consejo de Administración de la sociedad ya ha decidido la venta de parte de sus parcelas.

Así, ha agregado, se han iniciado los trámites para licitar la venta de esas parcelas por un precio de salida inferior a la tasación de mercado.