La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este martes a Nicaragua y Costa Rica que ni envíen ni estacionen fuerzas militares y policiales en Isla Portillos, zona que ambos países se disputan en el fronterizo río San Juan.

El fallo a la petición de medidas cautelares pedidas por Costa Rica, leído por el presidente de la CIJ, Hisashi Owada, señala que los jueces votaron por «unanimidad» que «las partes deben abstenerse de enviar o estacionar en la zona en disputa, incluyendo el caño, civiles, policías o agentes de seguridad».

Como excepción, los jueces indicaron que Costa Rica podrá enviar personal civil encargado de «proteger el medioambiente (...) pero solamente cuando sea necesario para evitar un daño irreparable en los humedales». En esos casos, Costa Rica deberá de notificar a Nicaragua de sus actuaciones, especificó la decisión.

La Corte desestimó la medida cautelar que Costa Rica pedía para que Nicaragua dejase de realizar labores del dragado sobre el río, pero sí impidió dragar sobre el caño en el fronterizo río San Juan, aunque esas obras ya están finalizadas.

Los jueces especificaron este martes que Costa Rica y Nicaragua pueden luchar contra el crimen organizado desde sus respectivas orillas del río, pero no sobre el terreno de Isla Portillos ni sobre las aguas del caño que Nicaragua ha dragado, ya que la Corte debe determinar a quién pertenece el territorio sobre el que se ubica ese canal.

Las partes también tendrán que «abstenerse» de cualquier acción que pueda agravar el conflicto entre los dos países en la zona del delta del río San Juan.

Costa Rica denunció a la CIJ en noviembre pasado a Managua por una presunta «incursión» en el territorio costarricense de la armada nicaragüense y junto con la demanda solicitó medidas cautelares, que son las que la corte determinó hoy.

Managua, por su lado, sostiene que realiza el dragado en territorio de su soberanía en base al Tratado Jerez-Caña, los Laudos Cleveland y Alexander, así como al fallo de la Corte de La Haya del 13 de julio de 2009 y que sus militares están realizando labores de combate al narcotráfico.

En julio de 2009, la CIJ reconoció la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan, pero también los derechos perpetuos de navegación de Costa Rica en un trecho de 140 kilómetros con algunas limitaciones definidas por las autoridades nicaragüenses.

El ministro de Exteriores de Costa Rica, René Castro, declaró en los pasillos de la Corte que «se le ha ordenado al Gobierno de Nicaragua que pare con su comportamiento abusivo y agresivo de invasión de este terreno de Costa Rica y se estableció que el único personal que puede entrar en la zona es el personal civil de Costa Rica para atender las necesidades ambientales».

Para Castro, «el diálogo entre Nicaragua y Costa Rica irá siendo restaurado poco a poco conforme el gobierno de Nicaragua cumpla la orden que ha dado hoy la Corte de sacar sus tropas del territorio costarricense». «Incluso se nos dijo que hay que combatir el crimen organizado de manera que no haya duda de que en este territorio solamente se entrará por personal costarricense para actividades de protección ambiental», resaltó.

Subrayó que de acuerdo con el fallo, «la lucha contra el crimen organizado debe de hacerse desde el respectivo territorio y no en la zona en disputa».

El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, se mostró satisfecho con el fallo de la Corte y dijo que «no se le ha impedido a Nicaragua nada de lo que está interesada de hacer, que es el dragado, y lo otro es una disputa de un pequeño territorio». Argüello reiteró que Nicaragua cumplirá con la orden de la Corte «a partir de este momento, como siempre hemos hecho».