La represión gubernamental de las manifestaciones opositoras en Siria se ha cobrado la vida desde marzo pasado de 2.900 personas, según las últimas cifras facilitadas por la ONU.

"Según la lista de nombres en nuestro poder, el número total de muertes desde que comenzaron las protestas en marzo es de 2.900, 200 más que en nuestra última estimación", dijo Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos.

La información se dio a conocer un día antes de que en Ginebra se lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Siria, una evaluación bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para valorar la política de Damasco en esta materia.

Se trata de un proceso que da la oportunidad a los 193 Estados miembros de la ONU de explicar las acciones que han tomado para mejorar la situación de los derechos humanos y para cumplir las obligaciones contraídas al respecto con la comunidad internacional.

El EPU fue creado al tiempo que el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2006 con el objetivo de que todos los países se sometieran a evaluación cada cuatro años y en el caso de Siria coincidirá el viernes con un recrudecimiento de la violencia en el país.

Exámen en mal momento

Siria tomará la palabra ante el resto de Estados y luego lo harán el resto de países interesados en intervenir, así como las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han tenido participación de una manera u otra en ese país árabe. El examen no llega en buen momento para Siria, que el pasado 23 de agosto fue condenado por el Consejo de Derechos Humanos por la represión de las protestas contra el régimen de Bacher el Asad.

El Consejo aprobó también el envío a Siria de una comisión independiente que investigue posibles crímenes contra la humanidad, denunciados previamente por el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Esa comisión seguirá también en Ginebra el desarrollo del EPU de Siria, tras lo cual tiene la intención de viajar a Damasco para realizar sus pesquisas, aunque aún no tiene la autorización del Gobierno de ese país, que inicialmente se comprometió a concederla.

Pero Siria llega también al EPU con el respaldo de Rusia y China, que ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra ya afirmaron que Damasco no tiene toda la culpa de la violencia y que vetaron el martes en Nueva York una resolución de condena contra el régimen de El Asad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La resolución no incluía la imposición de sanciones contra Damasco, como propuso Washington, pero sí amenazaba con acciones concretas si no se detiene la represión contra los manifestantes.

Rusia y China se opusieron con fuerza al texto y ejercieron su poder de veto, como miembros permanentes del Consejo, de manera conjunta por primera vez desde julio de 2008, cuando se opusieron a una resolución que proponía sanciones contra Zimbabue.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo el miércoles que la "obligación moral" que tiene el Consejo de Seguridad es "evitar un mayor baño de sangre y ayudar al pueblo sirio".